Viviendas 18 de Julio II Etapa contra Rubí, Eduardo. Desalojo por falta de pago
El interventor de la sociedad civil Viviendas 18 de Julio II Etapa promovió acción de desalojo por falta de pago contra Eduardo Rubí. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y rechazó la acción de desalojo por estimar acreditada prima facie la posesión del demandado.
¿Quién es el actor?
Viviendas 18 de Julio II Etapa Sociedad Civil, a través de su interventor judicial Gastón Federico Mesel.
¿A quién se demanda?
Eduardo Rubí.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Desalojo por falta de pago de cuotas societarias de la unidad funcional adjudicada.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la sentencia de la Cámara que confirmó el desalojo y se rechaza la acción de desalojo. Costas en el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, del artículo quinto del contrato suscripto por las partes surge sin ambages que el objeto único y excluyente de la sociedad civil sin fines de lucro fue la construcción de un complejo habitacional apto para otorgar vivienda a todos y cada uno de sus socios (arts. 1.655, 1.667 y concs., Cód. Civ.; v. fs. 4 vta. y 5). Asimismo, en el artículo noveno se estableció que el capital social y todos los recursos de que la sociedad se hiciera por cualquier medio serían dedicados única y exclusivamente a cumplimentar el objeto excluyente de la sociedad, es decir, a obtener en un plazo determinado la escrituración a favor de cada uno de los socios de una unidad de vivienda construida por el ente (v. fs. 6 vta.)."
"[E]l artículo séptimo del estatuto, en cuanto estableció que '...al comienzo los socios pagar[ían] como condición para su suscripción un derecho de inscripción en concepto de gastos administrativos, debiendo a partir de ese día satisfacer sus pagos en forma mensual hasta finiquitar el pago de 120 cuotas o finalizar toda la construcción y obras de las unidades funcionales e infraestructura necesarias...' (fs. 5 vta.)."
"Por lo que ante la situación descripta, atendiendo incluso a la intervención estatal del ente social y la consecuente investigación penal iniciada por la presunta comisión de varios delitos por parte de los originarios administradores sociales, cuya resolución aún se halla pendiente (v. fs. 139/146, 190/226), cabe concluir que aquel ejecutó actos que denotan, cuanto menos en principio, la interversión de la causa de la detentación material del inmueble (arts. 2.353, 2.458 y su doctr., Cód. Civ.; en sentido análogo, C. 107.082, 'Rivero', sent. de 12-IX-2012)."
"Por lo que la presente acción no deviene la vía idónea para obtener la restitución del bien cuando -como aquí sucede- el accionado ha comprobado prima facie la efectividad de la posesión invocada (causa C. 102.194, 'Junarsa S.A.C.I.F.A', sent. de 4-III-2009), pues la pertinente investigación sobre el tópico desnaturalizaría el trámite, en el que está excluido todo debate referente al derecho de propiedad, al 'ius possidendis' o el 'ius possesionis' (conf. causas C. 100.619, 'Larrañaga de Spinelli', sent. de 4-V-2011 y C. 107.959, 'Echenique de Pirotta', sent. de 5-X-2011)."
Bloque dispositivo final (texto esencial de la decisión):
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, en sentido concordante con lo expresado por el señor Procurador General (v. fs. 356/361), se hace lugar al recurso extraordinario deducido, se revoca el fallo impugnado y se rechaza la acción de desalojo. Las costas correspondientes a todas las instancias se imponen en el orden causado (doctr. arts. 68 segunda parte, 274, 289 y concs., CPCC)."
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