LOPEZ ROMAN, CHRISTIAN ROBERTO S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 71.942 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA IV.-

¿Quién es el actor?

Christian Roberto López Román, por intermedio de su defensor particular Dr. Juan Carlos Maggi.

¿A quién se demanda?

Sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N°7 (San Martín) y resolución del Tribunal de Casación Penal, Sala IV que rechazó el recurso de la defensa.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la constitucionalidad del art. 189 bis inc. 2, cuarto párrafo, del Código Penal (ley 25.886), por entender que configura una ley penal en blanco complementada por decreto y vulnera los principios de culpabilidad y non bis in idem; se deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; confirmó la validez constitucional de la figura penal como delito de peligro abstracto y consideró insuficiente el cuestionamiento del recurrente para declarar la inconstitucionalidad. Se impusieron costas y se difirió la regulación de honorarios conforme al régimen aplicable.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Según lo ha sostenido el superior Tribunal federal, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 300:241; 1087; 314:424)."

"En la economía de la ley, el peligro a la seguridad común -que es en definitiva el bien jurídico que sustenta la figura en cuestión- surge no ya cuando el tenedor o portador del arma es una de las personas autorizadas por la norma, que por haber llenado los requisitos por ella exigidos, presupone la idoneidad para la tenencia o portación de dicha arma, de modo tal que no constituye un riesgo para terceros, sino del riesgo que provoca quien no cuenta con tal autorización. Esta conclusión se desprende a su vez del contenido de los propios debates parlamentarios de las leyes 25.086 y 25.886."

Sentencia (dispositivo): "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP). Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017). Regístrese, notifíquese y devuélvase."