Buffarini de Rakijar, Susana Angela c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Susana Ángela Buffarini de Rakijar, por sí, con patrocinio letrado.

¿A quién se demanda?

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones que dispusieron su cesantía (res. 944/98 y 1526/98), su reincorporación con la misma categoría, el pago de haberes caídos con intereses y la reparación por daño moral; impugnación de vicios en el sumario administrativo y planteo de inconstitucionalidad del art. 81 del Reglamento de Disciplina.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la pretensión anulatoria; se confirmó la validez de las resoluciones 944/98 y 1526/98 conforme a derecho; costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por las consideraciones que anteceden, juzgo que corresponde desestimar la pretensión anulatoria incoada por Susana Ángela Buffarini de Rakijar contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en tanto las resoluciones 944/98 y 1526/98 del 23-VII-1998 dictadas por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires se ajustan a derecho, habida cuenta de haberse configurado las faltas administrativas atribuidas y comprobadas en el respectivo sumario y no advertirse vicios esenciales del procedimiento ni de índole sustancial que permitan hacer lugar a las nulidades articuladas (arg. arts. 15, Constitución provincial; 103, 108 y concs., dec. ley 7647/1970 y 31 a 34 y concs. del Reglamento Disciplinario de la institución demandada)."

"Adelanto que tal reparo tampoco puede tener cabida. Sostiene que no le correspondía la contabilización de la partida de $ 300 '... por no ser el área de supervisión, revisión y cuidado...' a su cargo y que '... el control de dicha partida debía ser verificada por el Jefe Operativo de la Sucursal...'. En primer lugar, de la lectura de la declaración indagatoria y del propio escrito de demanda surge evidente que la señora Buffarini ha reconocido los hechos que se le endilgaron."

"Considero, entonces, que la pretensión debe ser rechazada, toda vez que la actora no ha incorporado al proceso constancias probatorias que ameriten la anulación de los actos administrativos impugnados. Tampoco en sede administrativa arrimó ni pidió producción de prueba alguna que pudiera desvirtuar los cargos efectuados en su contra."

Respecto del alcance del control judicial sobre vicios procedimentales: "En mi opinión, y a partir del precedente 'Caselli' (causa B. 59.986, sent. de 16-II-2005) para la mayoría de este Tribunal, la aludida tesis no es aceptable como regla general... el adecuado cumplimiento del procedimiento configura un elemento inherente a la legitimidad del acto administrativo... cuando en el caso enjuiciado se advierta la inobservancia o el quebrantamiento por la Administración Pública de trámites esenciales, la invalidez consecuente de la decisión no resultará en principio susceptible de ser saneada, si es que la anomalía resulta concretamente planteada en esos términos por el afectado (conf. causa B. 59.986 cit.)."

Sobre la calificación legal y la graduación de la sanción: "la cesantía dispuesta luce proporcionada a las faltas comprobadas en sede administrativa. Habiéndose perdido la confianza en el agente depositario de la misma, resulta razonable la decisión de separarlo del cargo... la buena fe-lealtad es un principio rector en las relaciones profesionales que se dan entre autoridades y empleados de una institución bancaria."

Sobre inconstitucionalidad del art. 81: "El demandante sólo ha individualizado las normas, sin exponer el modo y el alcance en que el citado art. 81 habría quebrantado el derecho constitucional... Por ello, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad impetrado."

¿Cómo votaron los jueces?

la decisión se adoptó por mayoría (votos concordantes de Soria, de Lázzari, Hitters y Pettigiani adhiriendo en su mayoría al voto de Soria). No consta disidencia que modifique el dispositivo; el fallo se pronuncia en el bloque dispositivo final.