Melcon, Héctor Oscar c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa para dejar sin efecto la Resolución 2516/91 que dispuso su cesantía por agresión a funcionario del Banco. La Corte rechazó la demanda y confirmó la sanción disciplinaria al entender que el sumario respetó el debido proceso, que no quedó acreditado impedimento de defensa por su patología y que la cesantía no fue desproporcionada.
¿Quién es el actor?
Héctor Oscar Melcon, ordenanza, solicita nulidad de la Resolución del Directorio 2516/91 que lo dejó cesante y/o indemnización.
¿A quién se demanda?
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
nulidad del sumario administrativo n.º 8839 y de la resolución 2516/91 que impuso la cesantía; reincorporación o indemnización por despido sin causa; imposición de costas a la demandada.
¿Qué se resolvió?
Se rechaza la demanda; se confirma la validez del sumario administrativo y de la resolución de cesantía; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De la ponderación de las constancias médicas enunciadas surge que, efectivamente, el señor Melcon padeció una dolencia que, de acuerdo a los parámetros enunciados, hizo aconsejable la no prestación de servicios en el ámbito del Banco. Ello así, se concedieron sucesivos períodos de licencia por enfermedad. Pero, de la documentación médica que se acompaña, no surge de modo indubitado una supuesta incapacidad del actor para dirigir sus acciones o un padecimiento de entidad suficiente para impedir -desde el punto de vista médico-, el ejercicio de algún derecho."
"No hay medida probatoria alguna en esta causa o en el expediente administrativo 8839 que demuestre que el actor padecía una patología tal que implicara la 'incapacidad' para defenderse durante el procedimiento administrativo; situación jurídica que, por lo demás, no ha sido declarada judicialmente."
"Las etapas del procedimiento sumarial fueron observadas de modo regular y se notificó debidamente al actor de cada una de ellas... Si no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto."
"En tal sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que el acto administrativo que impone una sanción de cesantía al agente estatal es legítimo si se halla fehacientemente fundado y su motivación se ajusta a los antecedentes causales documentados en las actuaciones administrativas ofrecidas como prueba... De acuerdo a las probanzas colectadas en el procedimiento administrativo, la subsunción normativa realizada por la entidad bancaria demandada, con la precisión reglamentaria referida, resulta adecuada."
Voto por la negativa. Los demás jueces votaron por la misma conclusión.
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