Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia A.R.T. S.A. y otro. Accidente in itinere.

¿Quién es el actor?

María Isabel Carabajal y Darío Gustavo Iglesias, derechohabientes de Gabriela Noemí Iglesias.

¿A quién se demanda?

Provincia ART S.A. (aseguradora) y Wal Mart Argentina S.R.L. (empleador).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de accidente de trabajo in itinere por fallecimiento de la trabajadora; otorgamiento de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 actualizadas por índice RIPTE; y adicional del 20% previsto en ley 26.773.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de Provincia ART S.A.: revocó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 por lo que no procede ajustar por RIPTE la suma arrojada por la fórmula del art.15 §2 (el índice sólo alcanza al piso mínimo); y casó la condena por la indemnización adicional del art.3 de la ley 26.773 (se ordenó su exclusión). Remitió la causa al tribunal de origen para nueva liquidación. Mantuvo la calificación de accidente in itinere y, por ende, la procedencia de las prestaciones previsionales sujetas a la ley 24.557, salvo los puntos revocados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por la señora María Isabel Carabajal y el señor Darío Gustavo Iglesias, progenitores de quien en vida fuera la señora Gabriela Noemí Iglesias y condenó a Provincia ART S.A. a abonar las prestaciones dinerarias previstas por la ley 24.557 con las modificaciones introducidas -entre otras normativas- por la ley 26.773 (v. fs. 254/255)."

"En tales condiciones, juzgó que la trabajadora al momento de perder su vida estaba cumpliendo con su obligación de acudir hacia su empleo, quedando plenamente acreditado el animus de dirigirse a prestar servicios bajo dependencia de la codemandada Wal Mart Argentina S.R.L." (v. fs. 247 vta.).

"Luego, no se verifica que lo regulado en el decreto reglamentario implique una trasgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional. Con todo, debe revocarse lo resuelto en este aspecto por el tribunal de grado, juzgándose aplicable el decreto 472/14. Entonces, no ha de ajustarse por medio del índice RIPTE el resultado que arroja la fórmula prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 por remisión del art. 18 de dicha ley, pues el coeficiente sólo recae sobre el piso mínimo de la indemnización pertinente."

"La citada norma, en su primer párrafo establece: 'Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma'. ... En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a Provincia ART S.A. a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación."

¿Cómo votaron los jueces?

El bloque dispositivo final (firmado por Soria, Pettigiani, Genoud y de Lázzari) resolvió por mayoría hacer lugar parcialmente al recurso y revocar la sentencia en los términos descritos; no hubo discrepancias que modifiquen la decisión de la mayoría en el dispositivo.