Roig, Angel c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Ángel Roig, en su carácter de Intendente Municipal de General Pueyrredon.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, representada por el Tribunal de Cuentas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones del Tribunal de Cuentas de fecha 28/12/1990 y 30/12/1992 que desaprobaron pagos en demasía y le impusieron a Roig un cargo pecuniario (monto actualizado al tiempo de la demanda $104.193,18) por erogaciones realizadas a la empresa Venturino Eshiur S.A. respecto del servicio de recolección y disposición de residuos (ejercicio 1981 y pagos entre diciembre 1983 y febrero 1984).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se anulan los actos impugnados en cuanto imponían y confirmaban el cargo pecuniario al señor Ángel Roig. Costas por su orden. Se regulan honorarios profesionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Adelanto que el planteo dirigido a impugnar las decisiones del Tribunal de Cuentas que imponen el cargo pecuniario al actor ha de prosperar, pues éstas contienen una motivación aparente en tanto soslayan hechos determinantes."

"a. La Constitución provincial, en lo que nos interesa, establece que el Tribunal de Cuentas tendrá la atribución de 'examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas ... aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos' (art. 159, parte pertinente)."

"En consecuencia, la resolución por la que se aplicó la sanción, con fundamento en el incumplimiento de los arts. 241 a 243 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sin considerar las demás circunstancias relevantes, a mi criterio resulta ilegítima careciendo de una suficiente motivación (art. 108, dec. ley 7647). Por todo lo expuesto, juzgo que la demanda debe prosperar."

Además, el tribunal destaca que el actor asumió el 10-12-1983; que los pagos objetados fueron del 14, 20 y 30-12-1983 y 2 y 6-02-1984; y que el decreto municipal 291/1984 (12-03-1984) regularizó la incidencia de la ley 22.293 sobre el precio contractual, circunstancias que no fueron tenidas en cuenta en la motivación del acto sancionatorio. El Tribunal consideró que la administración intentó introducir fundamentos decisivos recién en sede judicial, lo que no suple la falta de motivación del acto impugnado.