Raimbault, Ernesto Francisco (ex Plaza, Hugo Rubén... c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad arts. 29 y 30, ley 12.874

¿Quién es el actor?

Ernesto Francisco Raimbault, por apoderada.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 29 y 30 de la ley 12.874 (Presupuesto 2002) —y por extensión arts. 27 y 28 de la ley 13.002 (Presupuesto 2003)— por imponer un tope de $4.500 al haber jubilatorio y suspender el sueldo anual complementario; y condena al pago de las diferencias y reintegro de lo retenido desde abril de 2002 inclusive.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda; se declaró inconstitucionales los arts. 29 inc. a) y 30 inc. a) de la ley 12.874 y 27 y 28 inc. a) de la ley 13.002; se declaró su inaplicabilidad al actor; se condenó a la Provincia a restituir la totalidad de las sumas retenidas, con intereses desde el devengamiento, y pago dentro de 60 días. Costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 29 inc. a) y 30 inc. a) de la ley 12.874 y 27 y 28 inc. a) de la ley 13.002 y su inaplicabilidad al demandante."

"Se condena a la demandada a restituir la totalidad de las sumas retenidas con más un interés que se calculará desde el devengamiento de cada uno de los períodos y hasta el pago efectivo, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones a treinta días, vigente en los distintos lapsos temporales de aplicación y hasta el pago efectivo."

"Las normas aludidas ... implican una mutación en la esencia de los adquiridos por el actor, por lo que resultan violatorios del derecho de propiedad consagrado en los arts. 17 de la Constitución nacional y 11 y 31 de la Carta Magna provincial."

¿Cuáles son los fundamentos principales?

la mayoría concluye que las disposiciones de emergencia presupuestaria afectaron derechos previsionales adquiridos y la garantía de movilidad, alterando la proporción entre haberes de actividad y de pasividad; que no se acreditó que la restricción fuera la única ni la menos lesiva ni que el Instituto de Previsión Social fuera incapaz de hacer frente a sus obligaciones; y que los fondos previsionales están afectos al pago de prestaciones, por lo que no resultó justificada la quita. Los votos de Pérez Duhalde, Compagnucci de Caso y Abud adhieren a esos fundamentos; el voto de Borean adhiere y complementa subrayando también la superación del estado de emergencia y el vencimiento de su plazo (31-12-2003).