Verdeal, Nydia C. y otro c/Municipalidad de Tres de Febrero s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Nydia Catalina Verdeal y María Cecilia López Ferreyra.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Tres de Febrero.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

devolución de sumas retenidas por vacaciones no gozadas (período 2000), pago de bonificaciones por cese y reintegro de importes descontados por aplicación del decreto municipal 445/2001; más intereses, actualización y costas.

¿Qué se resolvió?

por mayoría se rechazó la demanda en todas sus partes. La Corte consideró aplicable el estatuto municipal aprobado por decreto 239/2001 vigente al momento del cese (1-1-2002), por lo que no correspondía abonar las bonificaciones excluidas por el nuevo régimen ni reconocer la ultractividad del decreto 637/1996; asimismo, entendió que el planteo de inconstitucionalidad respecto del decreto 445/2001 había sido insuficientemente fundado por las actoras y no progresó.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De este modo, cuando debe establecerse cuál es el régimen jurídico que rige en el caso, cabe atenerse en principio, al sistema según el cual la nueva norma se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes en tanto no afecten derechos amparados por garantías constitucionales (conf. art. 3º del Código Civil; doct. causa B. 52.061, 'Marchesi', sent. de 4-VIII-1992).

En tal sentido las actoras afirman que contaban con un derecho adquirido al cobro de las vacaciones no gozadas reguladas en el decreto 637/1996.

Lo determinante aquí es recordar que la protección que la Constitución acuerda a los derechos adquiridos implica que, si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todas las condiciones sustanciales y los requerimientos formales previstos para ser titular de un derecho, debe considerarse que la situación jurídica creada por dicha norma se consolida en cabeza de aquél sujeto (conf. causas B. 57.845, 'Asua de Irigaray', 'D.J.B.A.', 158-37; B. 57.171, 'Castro Galván', sent. del 21-VI-2000). En el caso, las sucesivas normas que regularon el pago de una compensación en concepto de vacaciones no gozadas refieren que el goce de tal beneficio se produce en oportunidad del cese, momento en el cual el derecho se consolida."

"Al respecto, ha de recordarse que, conforme lo ha dicho este Tribunal en reiteradas ocasiones, la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico (doct. causas B. 60.192, 'Massuh S.A.', sent. del 5-IV-2006; B. 62.625, 'M. de Z., R.', sent. del 31-X-2007; B. 62.929, 'SUM', sent. del 11-VIII-2010, entre muchas otras). De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera ésta contraría la Constitución causándole con ello un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un no menos sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (I. 2169, 'Almirón', sent. del 2-XII-2003; I. 1985, 'Gaspes', sent. del 26-V-2005).

En ese orden, este Tribunal ha exigido de la parte que invoca un cuestionamiento de esa naturaleza la formulación de una crítica clara, concreta, y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas. Así, debe indicarse, puntualmente, cómo la disposición impugnada habría quebrantado los derechos, principios o garantías constitucionales cuya tutela se procura (I. 1252, 'Ponce', sent. del 2-VII-2003; I. 2255, 'Abedini y otros', sent. del 18-VI-2008)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Juez Negri votó en disidencia parcial respecto del reintegro por aplicación del decreto 445/2001, proponiendo declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto y condenar a la municipalidad a restituir las sumas retenidas. Entre sus fundamentos señaló:

"En las condiciones señaladas, las reducciones salariales operadas en virtud de la aplicación del decreto cuestionado en autos resultan absolutamente unilaterales y contrarias a toda forma de justicia conmutativa, no pudiendo un tribunal de derecho receptarlas como válidas.

A la luz de una constitución que regula establemente las relaciones entre gobernantes y gobernados, considero que frente a la colisión del decreto 445/2001 con el texto de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 10, 31 y 39.1 y 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires... aquél debe ser declarado inconstitucional."