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Tribunal Superior

Olivera, Juan Rito contra Ministerio de Economía. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

El actor promovió acción contencioso administrativa solicitando la nulidad de la resolución del Instituto de Previsión Social del 21-12-2012 y el reajuste de su haber previsional. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocó la sentencia de la Cámara, ordenando intimar al actor para que en 60 días hábiles aporte el acto administrativo que resuelva su requerimiento o acredite la configuración del supuesto del art. 16, inc. 1 de la ley 12.008.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-73398
Recurso extraordinario de inaplicabilidad Agotamiento de la via administrativa Acto administrativo Art. 36 inc. 2 apartado c ley 12.008 Art. 16 inc. 1 ley 12.008 Acceso a la justicia Instituto de prevision social Inadmisibilidad Revocatoria Costas.

¿Quién es el actor?

Olivera, Juan Rito.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social dependiente del Ministerio de Economía (se identifica genéricamente Ministerio de Economía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la resolución del Instituto de Previsión Social de fecha 21 de diciembre de 2012 y el reajuste de su haber previsional.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revocó el pronunciamiento de la Cámara que había confirmado la inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa, y en la instancia de origen deberá intimarse al actor para que, en el plazo de sesenta (60) días hábiles, acompañe el acto administrativo que resuelva su requerimiento o acredite la configuración del supuesto previsto en el art. 16, inc. 1 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), bajo apercibimiento de decretar la inadmisibilidad formal de la pretensión. Las costas de grado en el orden causado; las de esta instancia a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso merece ser acogido favorablemente.

En la especie, la autoridad administrativa no dictó un acto que reúna los requisitos de tipicidad exigidos por el ordenamiento jurídico para que posea la cualidad de imponer al particular cargas impugnatorias perentorias.

Sabido es que en el marco de una relación de derecho público como la que se presenta en el sub lite, las formalidades y recaudos que deben reunir los actos administrativos constituyen no sólo un presupuesto de la juridicidad del obrar estatal (art. 103, dec. ley 7.647/80), sino una garantía del ciudadano (art. 15, Constitución prov.; B. 61.279, "Empresa Constructora Luis de Angelis e Hijos Soc. de Hecho", resol. de 16-X-2002; B. 65.932, "Curone", sent. de 3-V-2005; C. 93.166, "Mondi", sent. de 7-X-2009).

Esta Corte ha expresado, en relación a la utilización de comunicaciones como la aquí analizada, que tales diligencias carecen de las notas típicas de los actos administrativos que motorizan las cargas impugnatorias y por ello no es dable exigir su impugnación por parte de los administrados (causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 19-X-2011)."

"Sentado ello, en tanto el art. 36, inc. 2, apartado "c" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- otorga al juzgador la facultad de establecer el modo mediante el cual la parte actora puede subsanar la falta de agotamiento de la vía administrativa o la no configuración del silencio administrativo, el fin último del legislador ha sido la preservación de la acción antes que su prematura desestimación (causas B. 65.769, "Herrero", resol. de 10-IX-2008; B. 65.392, "Yapur", resol. de 17-IX-2008; B. 63.919 "Silva", resol. de 28-II-2010).

Ello así, soy de la opinión que en la especie resulta procedente actuar tal prerrogativa jurisdiccional, otorgando al reclamante un plazo para acreditar, sea la emisión del acto administrativo que brinde respuesta al reclamo impetrado, sea la configuración del especial supuesto del art. 16, inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, bajo apercibimiento de decretar la inadmisibilidad de la pretensión."

¿Cómo votaron los jueces?

Los señores jueces De Lázzari, Pettigiani y Negri votaron por los mismos fundamentos que el señor Juez Soria; el acuerdo fue favorable en forma unánime. El dispositivo final del fallo dispone la revocatoria y la intimación en los términos expresados.

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