Di Paolo, Agustín y otros c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Di Paolo, Agustín y otros (actores en la causa B. 61.515) promovieron la acción contencioso administrativa.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes tendientes a que se reconozca como remunerativa y computable en el haber básico —sobre el que se calculan los beneficios previsionales— la suma establecida en los decretos 86/1997 y 1014/1997, con los suplementos y adicionales relacionados; y el pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de dichos decretos con sus intereses.

¿Qué se resolvió?

Se homologaron judicialmente los acuerdos transaccionales celebrados por las partes (agregados a fs. 819/831 y fs. 123), con imposición de las costas en el orden causado, regulación de honorarios del letrado de la parte actora y orden sobre la transferencia de aportes y contribuciones previsionales retenidas por la Caja a la cuenta 12.696/0 de la Caja de Previsión Social para Abogados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del examen de la documentación agregada a los autos y del contenido de los acuerdos glosados a fs. 819/831 no se advierten razones que impidan aprobar los convenios a los que arribaran las partes, motivo por el cual entiendo que los mismos deben ser homologados (arts. 77 inc. 1º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, 162, 308 y 309, C.P.C.C.; 623, Código Civil)."

"En cuanto a las costas, teniendo en consideración la pretensión expuesta en la demanda, el alcance de los convenios celebrados y lo dispuesto por los arts. 17 de la ley 2961 (conf. art. 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-) y 73 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 77 inc. 1º, ley 12.008, texto según ley 13.101), estimo que deben ser soportadas en el orden causado."

"Asimismo, en virtud de lo establecido en el art. 4 inc. 'f' del dec. ley 8904, en tanto impide celebrar pacto de cuota litis en procesos previsionales, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes."

"La Caja demandada deberá arbitrar los medios para transferir los aportes y contribuciones previsionales que retiene a los beneficiarios y a los letrados en virtud del convenio, a la cuenta 12.696/0 que la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires posee en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, remitiendo a la citada caja y a esta Suprema Corte un listado mensual con la individualización de los letrados y los montos retenidos (art. 21 inc. 2, ley 6716)."

Otros extremos relevantes:

Se homologaron acuerdos celebrados en el marco de la ley 13.437 y su decreto 2124/2006; la modalidad de liquidación acordada estimó un monto aplicando el decreto 1014/1997 al escalafón correspondiente al beneficiario hasta el 30 de junio de 2004, sobre el cual se aplicó una quita del cuarenta y cinco por ciento (45%).

A partir del 1º de enero de 2005 se devengan intereses sobre el monto resultante a la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires; los intereses devengados hasta el 30 de junio de 2005 se capitalizan a esa fecha.

Se convino financiación en 60 cuotas de capital mensuales y consecutivas (con previsión de que la Caja pagará hasta tres de las cuotas en un mismo mes para cancelar períodos devengados al perfeccionamiento), inicio del servicio de capital al mes siguiente al perfeccionamiento, y disposiciones sobre imputación para el Impuesto a las Ganancias conforme art. 18 ley 20.068.

Los beneficiarios prestaron consentimiento para que la Caja descuente el porcentaje (acordado en 5%) para el pago de honorarios a sus letrados; además se reguló el honorario del letrado actor Dr. Juan Carlos Suárez Acosta (suma no especificada en la copia) y se agregó el 10% conforme leyes aplicables.

Se indicó que no corresponderá que la Provincia invoque prescripción respecto de las sumas objeto de los acuerdos, y se exceptuó del seguimiento los actores cuyos acuerdos fueron homologados.