Obert, Lidia Pilar c/Dirección General de Escuelas y otro s/Enfermedad accidente

¿Quién es el actor?

Lidia Pilar Obert promovió demanda por cobro de indemnización por incapacidad derivada de enfermedad-accidente (fundada en la ley 24.028).

¿A quién se demanda?

Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires (y otro).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de indemnización por incapacidad derivada de enfermedad-accidente; en la sentencia de grado se declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley provincial 12.836 y se impuso condena frente al Fisco provincial.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte confirmó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.836 aun con las modificaciones introducidas por la ley 13.436 y rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Estado provincial. Costas a cargo de la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, la reforma introducida al articulado de la ley 12.836 con el fin de alcanzar su adecuación al régimen nacional que adhiere ha sido sólo parcial puesto que mantiene condiciones más gravosas para los derechos de los acreedores cuyos créditos resultan alcanzados por los efectos de la consolidación." (voto de la Dra. Kogan, consid. III)

"El primero de ellos relacionado con el plazo máximo previsto para la cancelación en efectivo de las obligaciones. En ese orden señaló que 'la ley nacional establece que las deudas se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los arts. 7° y 8° de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis (16) años, para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte (arts. 14 de la ley 25.344 y 10 del decreto reglamentario 1116/2000). En cambio, el régimen local no contempla el límite aludido (ver art. 5° de la ley 13.436) de manera que, si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional la cancelación de lo adeudado, agravando la situación del acreedor, extremo expresamente prohibido por el art. 19 de la ley 23.982 (art. 5°, ley 13.436)'." (voto de la Dra. Kogan, transcripción citada)

"El otro punto no depurado que conserva la norma provincial se vincula con el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos, el cual sigue siendo menos beneficioso en la ley local... la ley local la fija el 30 de noviembre de 2001... lo que importaría una demora de dos años con relación al régimen al que adhiere, tornando así la situación de los interesados en más gravosa que la contemplada en la legislación nacional." (voto de la Dra. Kogan, consid. III)

"De conformidad a todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso deducido y confirmar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 -declarada por el tribunal de grado- no obstante la modificación efectuada por ley 13.436, continúa el supuesto de colisión previsto por el art. 31 de la Constitución nacional al mantener mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos del estado provincial que los establecidos por su antecedente nacional al que adhiere. Costas a cargo de la demandada (art. 289, C.P.C.C.)." (voto de la Dra. Kogan, apartado IV; bloque dispositivo)

Asimismo, los votos de los Dres. Negri, de Lázzari, Pettigiani y Soria adhieren a la negativa, siguiendo argumentos coincidentes y haciendo explícita referencia y adhesión por razones de economía procesal al precedente de la Corte Suprema en "Mochi" (sent. del 26-II-2008), que concluyó en igual sentido sobre la inconstitucionalidad aun con las modificaciones introducidas.