Bustamante, Dora c/Municipalidad de Brandsen s/Demanda contencioso administrativa. Y su acumulada B.59.932, Battilana, Martha y otros c/ Municipalidad de Brandsen (Concejo Deliberante). Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Dora Bustamante (en autos B.59.266) y Martha Battilana y otros (en autos B.59.932).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Brandsen y su Concejo Deliberante.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan por ilegítimos la Ordenanza 702 (autorización de obra y sistema de recuperación mediante contribución de mejoras) y actos administrativos vinculados (decretos 17/1998; 54/1998; 127/1998) y, en el expediente acumulado, la Ordenanza 778 y el decreto 132/1998 que actualizó valores, solicitando la declaración de inconstitucionalidad y nulidad y que se deje sin efecto la obligación de pago.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza 702 y de la Ordenanza 778 y la nulidad de los decretos 17/1998; 54/1998; 127/1998 y 132/1998. Costas por su orden. Se regulan honorarios de la letrada patrocinante en las sumas indicadas en el fallo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, para todos los casos de Obras de Mejoras y Conservación de la Infraestructura Vial del Partido de Brandsen, la Ordenanza 685 fija como de pago obligatorio para los propietarios o poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados un monto definido como 'recupero parcial de obras' (art. 7º) que podía establecerse entre un 5% (cinco por ciento) y un 95% (noventa y cinco) del costo total de la obra más las variaciones de costo sobrevinientes (art. 9º). Tales recuperos conforman la Contribución Especial de Mejoras a la que alude tanto el art. 2º como el art. 16º de la Ordenanza citada, tributo cuya cuantía en ningún caso podría exceder del treinta y tres por ciento del valor fiscal del inmueble con las mejoras incorporadas (art. 25º), pudiendo eximirse de su pago en caso de comprobada indigencia del frentista (art. 30º)."

"Pues bien, no cabe otra conclusión que caracterizar la obligación de pago creada por la Ordenanza 702 como una 'contribución de mejoras'. Desde ese mirador, tampoco es posible evitar la descalificación constitucional de la norma, por no haberse respetado el procedimiento reglado para su emisión por el art. 193, ap. 2º de la Constitución provincial."

Además, el Tribunal sostuvo la admisibilidad del reclamo pese a la existencia de impugnaciones administrativas sobre actos individuales aplicatorios, citando el art. 14, ap. 2 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101) y la doctrina consolidada que permite impugnar la norma general aun cuando se haya cuestionado en tiempo y forma el acto de aplicación. En consecuencia, extendió los efectos de la declaración de inconstitucionalidad a los actos subordinados (Ordenanza 778 y decreto 132) cuyo antecedente directo fue la Ordenanza 702.

(El acuerdo final y el dispositivo reproducen y adoptan por unanimidad los fundamentos precedentes; los señores jueces Hitters, Pettigiani y Kogan adhirieron por los mismos fundamentos.)