Cantón, Eliseo c/Di Pietro, Vicente Juan y otros s/División de condominio

¿Quién es el actor?

Cantón, Eliseo.

¿A quién se demanda?

Di Pietro, Vicente Juan y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

División de condominio; el actor solicitó la división de bienes en condominio y objetó la condena en costas, pidiendo que dicha condena se limite a la porción que le correspondía en la comunidad conforme al art. 38 del dec.-ley 8904.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora; costas para la parte recurrente; pérdida del depósito previo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El actor requirió judicialmente la división de un supuesto condominio: su demanda fue rechazada y condenado en costas.

Alegando infracción al art. 38 del dec. ley 8904, pide que esa condena quede limitada al porcentaje que tenía en la comunidad.

La pretensión esbozada en el recurso resulta insostenible.

En primer lugar porque para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos sobre los que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación (o la pretendida sumisión de los hechos o elementos de la causa) a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (“Acuerdos y Sentencias”, 1986-I-377). En el caso este propósito no es alcanzado porque la recurrente desarrolla su impugnación a través de una serie de interrogantes y no se encarga de darles debida respuesta. Culminando su escueta crítica aludiendo a ciertos precedentes de extraña jurisdicción cuya relación con el caso bajo juzgamiento no es explicada.

En segundo lugar porque el recurrente pagó espontáneamente la tasa de justicia sobre la valuación fiscal de todos los inmuebles, como consta a fs. 24, punto IV.

En tercer lugar porque no puede confundirse la locución “beneficio general” a que hace referencia el art. 38 del dec. ley 8904 con satisfacción del interés particular, sobre todo cuando ha quedado evidenciado que ese interés no era jurídicamente tutelable. En este sentido es indudable que la oposición del comunero ha beneficiado a todos los interesados en la medida en que logró hacer prevalecer el derecho de todos.

Por último porque si la condena en costas comprende los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso (conf. Ac. 47.945, resol. del 18-VI-91; Ac. 51.585, resol. del 13-X-92; Ac. 52.557, resol. del 27-IV-93) de manera tal de liberar de ellos a quien se vio obligado injustificadamente a realizarlos, se desnaturalizaría este propósito si -como lo pretende la recurrente- esta obligación quedara reducida exclusivamente a la porción que ella tenía en la comunidad de bienes. Repárese en que la pretensión no se limitó al cese del condominio (o indivisión) respecto de una porción indivisa sino de la totalidad de los bienes involucrados.

Por consiguiente no habiéndose intentado siquiera demostrar que las regulaciones efectuadas a cada representación letrada de los distintos codemandados excediera de los límites fijados por el art. 38 del dec. ley 8904 y relacionados con la participación de cada uno de ellos en la comunidad de bienes, la pretensión contenida en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta -como lo anticipé- infundada.

En cuanto a la alegada violación de normas de la Constitución nacional cabe reiterar una vez más que no media la imprescindible relación directa porque, como quedó expuesta y a todo evento, aquella infracción resultaría de una no acreditada errónea aplicación de normas del derecho local.

Voto por la negativa."

Resultado del dispositivo: "por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.). El depósito previo efectuado queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2º de la Resolución 760/68, modificado por la Resolución 868/77 y de conformidad con la Resolución 119/86."