Supermercados Mayoristas Makro S.A. c/Municipalidad de Avellaneda s/Demanda contencioso administrativa
Supermercados Mayoristas Makro S.A. impugnó el reencasillamiento por decretos municipales que lo ubicaron en Ramos Generales (cód. 6280048) con alícuota del 7‰ por la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. La Corte, por mayoría, declaró la ilegitimidad del reencasillamiento y condenó a la Municipalidad a reintegrar los importes abonados en exceso, por entender que el Departamento Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria y alteró el régimen tributario previsto por la ordenanza.
¿Quién es el actor?
Supermercados Mayoristas Makro S.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Avellaneda
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación del decreto 1188/1995 (y el decreto 577/1996 que rechazó el recurso de revocatoria) por el cual se reencasilló a la actora en el rubro "Ramos Generales" (código 6280048) con alícuota del 7‰ para la tasa por servicios de Inspección de Seguridad e Higiene, y reintegro de los importes abonados en exceso (se consignó depósito de $190.635,24 por periodos mayo/1995 a feb/1996).
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar a la demanda, anulando los actos administrativos impugnados en cuanto reencasillan a la actora en "Ramos Generales" (6280048) y condenando a la Municipalidad de Avellaneda a reintegrar los importes abonados en exceso; la suma resultante de la liquidación debe abonarse dentro de sesenta días. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar a la demanda interpuesta anulándose los actos administrativos impugnados en cuanto reencasillan al establecimiento de la accionante dentro de la categoría 'Ramos Generales', rubro 6280048, de la ordenanza impositiva 8988 y condenándose a la demandada a reintegrar a la actora los importes abonados en exceso, en concepto de tasa por los servicios de inspección de seguridad e higiene, en la precisa medida de lo reclamado por ésta en autos (fs. 11-12; 24; 27-28; 31-32)."
Del voto mayoritario (Dr. Soria), entre otros fundamentos:
"La vigencia del principio de legalidad en materia tributaria determina, entonces, que las directivas generales de la tributación estén consagradas en una disposición legislativa, que defina los elementos básicos del gravamen ... y, desde luego, supone que la potestad de crear los tributos, como la de aumentarlos, sea ejercida por el órgano representativo ... en el caso, el Concejo Deliberante local."
"No se está en presencia de una reglamentación o interpretación adecuada de la Ordenanza referida. El temperamento cuestionado implica, lisa y llanamente, apartarse de tales prescripciones, por la dificultad de su aplicación a un caso, en contravención con lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Ordenanza impositiva 8987 ... De tal suerte, sesgada e ilegítimamente, se introduce una modificación del régimen tributario comunal por quien carecía de competencia para ello."
Asimismo, se consignan elementos probatorios relevantes en el acuerdo: el informe pericial que indicó que "la actividad de la empresa bajo el rubro de ventas mayoristas representa un 81,886%, resultando ser la mayor actividad de la empresa en el periodo estudiado" (fs. 234 vta.), y la constancia del depósito de $190.635,24 por periodos 03-96 a 02-96 (fs. 30-31).
¿Cómo votaron los jueces?
votaron por la afirmativa (hacer lugar) los Dres. Soria, Negri (adh.), Hitters, Genoud y Kogan; votaron por la negativa los Dres. Roncoroni, Pettigiani y de Lázzari. La resolución final sigue la mayoría.
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