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Tribunal Superior

Maragua S.A. c/Municipalidad de la Costa s/Demanda contencioso administrativa

Maragua S.A. reclamó el pago de certificados de obra por retardación en la resolución administrativa. La Suprema Corte declaró, por mayoría, aplicables las disposiciones de la ley 11.756 (y su decreto reglamentario) al caso, denegando la vía de inaplicabilidad invocada por el actor.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-56866
Ley 11.756 Decreto 690/1996 Saneamiento financiero municipal Consolidacion de deudas Demanda contencioso administrativa Municipalidad de la costa Pago certificados de obra Aplicabilidad normativa Suprema corte provincial Costas

¿Quién es el actor?

Maragua S.A., por apoderado.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de la Costa.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de los certificados 8 y 9 correspondientes a la obra "Desagües Pluviales en Santa Teresita, Cuenca vertiente Avenida Costanera" por retardación en la resolución administrativa; ejecución del convenio de pago suscripto (28- XI-1995).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte provincial declaró que resultan aplicables al supuesto de autos las disposiciones de la ley 11.756 y su decreto reglamentario, con costas por su orden; se difiere la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el precedente referido -causa 'Salvador Rubén y otros contra Municipalidad de Colón' del 9-V-2000- el Superior Tribunal federal, con expresa remisión a las consideraciones que efectuara su Procurador General, consideró que no se encontraba suficientemente fundada la denegatoria de aplicación de la ley 11.756, que fuera desplazada por el art. 163 de la Constitución provincial."

"IV.1. En el caso, el art. 1º de la ley 11.756 declaró de interés prioritario, en el ámbito de las municipalidades de la Provincia, el saneamiento financiero de las mismas, atendiendo a la emergencia económica por la que atravesaban. En función de tal declaración y de dichos objetivos, dispuso la consolidación de las obligaciones vencidas o de causa o título anterior a la fecha de su vigencia, que no estuviesen alcanzadas por la ley 11.192, y que consistiesen en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero cuando el municipio hubiera reconocido el crédito y propuesto una transacción para los casos de controversias judiciales o administrativas (art. 2º incs. b y c).

Por su parte el decreto 690 del 25-III-1996, estableció a los fines de la reglamentación que las obligaciones de causa o título anterior a que refería la ley citada, comprendía a las que tuvieran su origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad al 31-XII-1995, aún cuando se reconocieren administrativa o judicialmente con posterioridad a esa fecha (art. 1 inc. c.1.)."

"Por tales razones considero aplicables, en el caso, las previsiones de la ley 11.756."

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, corresponde declarar que resultan de aplicación al supuesto de autos las disposiciones de la ley 11.756."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto principal del Dr. Roncoroni sostiene la aplicabilidad de la ley 11.756 y remite al antecedente de la Corte Suprema de la Nación (sent. 21-V-2002) que dejó sin efecto la sentencia apelada por la existencia de sustancial analogía con "Fallos" 323:1077. Adhirieron Pettigiani, Kogan, Soria y Borinsky. El Dr. Domínguez adhiere a la aplicación de la ley pero agrega que no puede declarar de oficio la inconstitucionalidad por falta de planteo y debate, invocando precedentes y principios del debido proceso.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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