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Tribunal Superior

Gregoratti, Rubén Rodolfo c/Municipalidad de Quilmes y otro s/Daños y perjuicios

El actor promovió acción por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Quilmes y TUQSA por incapacidad laboral, pretendiendo la reparación conforme al Código Civil. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario y revocó la sentencia de origen por haberse pronunciado de modo prematuro y abstracto sobre la constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, ordenando el retorno al tribunal de grado para que practique las pruebas y realice el cotejo comparativo entre regímenes.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-90106
Recurso extraordinario de inaplicabilidad Ley 24.557 art. 39 Inconstitucionalidad Danos y perjuicios Incapacidad laboral Cotejo comparativo Accion civil (codigo civil arts. 1109/1113) Revocatoria y retorno a grado Prueba y debate previo Costas por su orden

¿Quién es el actor?

Gregoratti, Ruben Rodolfo.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Quilmes y TUQSA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización integral por daños y perjuicios derivados de incapacidad laboral, con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocó la sentencia del Tribunal del Trabajo nº 2 de Quilmes en cuanto rechazó la demanda por considerar constitucional el art. 39 de la ley 24.557 de forma abstracta, y ordenó el retorno de autos al juez de grado para que practique las actuaciones necesarias y decida conforme al cotejo entre prestaciones de la ley especial y el derecho común.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De tal modo, quedó instalada como doctrina legal, que la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 pronunciada en la instancia de grado como cuestión previa, constituye un predicamento en abstracto. Así pues, la tacha de constitucionalidad de la norma sólo puede resolverse una vez transitadas las etapas procesales que aseguren un pleno debate y prueba, pues de otro modo, la decisión quedaría privada del sustento fáctico indispensable, que conduzca a la demostración de la eventual insuficiencia reparatoria de las prestaciones que correspondiere percibir al accionante de conformidad con la ley especial."

"Consecuentemente, sólo de verificarse -tras el análisis de las pruebas conducentes- la existencia del daño, la configuración de los presupuestos de responsabilidad del demandado y que algunas de las facetas del daño resarcible han quedado sin reparar, la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 habrá de imponerse para garantizar la supremacía constitucional."

"En tales condiciones, se impone la revocación de la sentencia de grado en cuanto dispuso el rechazo de la demanda por considerar -en forma abstracta- que el art. 39 de la ley 24.557 era constitucionalmente válido, prescindiendo del cotejo previo entre el contenido económico de ambos regímenes legales para brindar adecuada satisfacción al déficit físico del accionante, con motivo de la contingencia que lo origina. Para cumplir tal cometido, en la instancia de grado el juzgador a quo habrá de disponer las medidas que estime necesarias (art. 12, ley 11.653); pues incumbe a los magistrados de origen arribar a la prudente determinación de los valores en juego en tanto parámetros para establecer la eventual irrazonabilidad de la norma legal controvertida."

Dispositivo final reproducido: "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada, en cuanto en forma prematura y abstracta se pronunció por la declaración de constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que prosigan el trámite según su estado. Las costas se imponen en el orden causado, atento la forma en que se resuelve el recurso y las dificultades interpretativas generadas por la ley 24.557 (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo fue por mayoría coincidente (los señores jueces Genoud, Hitters, de Lázzari, Roncoroni y Soria votaron por la afirmativa), por lo que la decisión de revocar la sentencia de grado y ordenar la restitución de autos es la resolución mayoritaria.

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