Caramelo, Pedro A. c/D.E.B.A. s/Cobro de sueldos y adicionales

¿Quién es el actor?

Pedro Aníbal Caramelo.

¿A quién se demanda?

Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires (D.E.B.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de salarios caídos y adicionales por la suspensión preventiva ordenada en el marco de un sumario disciplinario, que se extendió por 30 meses y 12 días (3-II-1987 a 14-VIII-1989), y daño moral.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda; costas a la parte recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. El recurso no prospera."

"2.a. El tribunal del trabajo analizó las constancias del expediente 2403-5885/86, como así también el resultado del informe requerido a fs. 184 (ver, fs. 173 y 188/191), y ponderó como 'de crucial importancia' para la resolución del litigio, la conducta desplegada por el actor ante la decisión adoptada por la autoridad administrativa de suspenderlo preventivamente (veredicto, ap. 'b'; resolución 957/86 obrante a fs. 87, expte. adm. citado)."

"b. Según las circunstancias apuntadas, el a quo arribó a la determinación que el actor no había cuestionado administrativamente la legitimidad de la medida preventiva de suspensión, su extensión temporal, el no pago de haberes, como así tampoco el proceso sumarial (fs. 194 vta.)."

"3. Desplazada la postulación referida a que el trabajador hubo, en efecto, de cuestionar en forma oportuna tanto la referida suspensión como sus consecuencias -aspecto sindicado como trascendente para la dilucidación de la controversia de autos-, la crítica expuesta en el recurso luce manifiestamente insuficiente, en tanto desatiende la cabal extensión de los argumentos expuestos en el decisorio, que gravitaron en la aplicación de la doctrina de los actos propios, que es motivo de agravio."

"IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289 del C.P.C.C.)."

Fundamento esencial: la Corte sostuvo que la sentencia de origen valoró debidamente la conducta procesal y administrativa del actor (ausencia de impugnación efectiva de la suspensión y del levantamiento sin reintegro), aplicó correctamente la doctrina de los actos propios conforme a precedentes ("Lazovich" y "Aristegui"), y que no se acreditó trato discriminatorio ni vicio de inconstitucionalidad del artículo 56 de la resolución 6686/62 en los términos alegados.