Gómez, Manuel Máximo c/Ganza Pérez, Claudio y otros s/Cobro de pesos por despido
Reclamo laboral por cobro de pesos y rubros indemnizatorios a raíz de despido; se reclamó la solidaridad de la terminal automotriz. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario y confirmó la condena solidaria de Sevel Argentina S.A. con fundamento en la integración de la actividad de comercialización y servicios en la esfera de la actividad normal y específica del establecimiento.
¿Quién es el actor?
Ignacio Vallejos, Manuel Máximo Gómez y Ramón Alfredo Pereyra.
¿A quién se demanda?
Claudio Enrique Ganza Pérez; Jorge Ganza e Hijos S.A.; Sevel Argentina S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de pesos por despido (salario de octubre de 1997, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, vacaciones y aguinaldo proporcionales, asignación del art. 20 CCT 27/88 y resarcimiento art. 52 Ley 23.551 para uno de los actores).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Sevel Argentina S.A., confirmando la condena solidaria impuesta en primera instancia en aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Costas a la recurrida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es doctrina de este Tribunal que quien pretenda la condena solidaria sobre la base de lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo le corresponde invocar y demostrar en forma fehaciente la configuración de los presupuestos de operatividad de la norma (conf. causas L. 61.495, sent. del 1-IX-1998; L. 68.742, sent. del 5-VII-2000; entre otras). También se tiene resuelto que la solidaridad regulada legalmente queda sujeta a que se compruebe la contratación de trabajos o servicios propios de la actividad normal y específica del establecimiento, comprendiendo no sólo la principal sino también las accesorias de aquéllas, con tal que se encuentren integradas permanentemente y con las cuales se persigue el logro de los fines empresariales (conf. causas L. 53.537, sent. del 10-IX-1996; L. 53.676, sent. del 2-VII-1996; L. 61.890, sent. del 21-X-1997; L. 81.336, sent. del 2-X-2002; L. 78.407, sent. del 24-IX-2003; entre otras)."
"De su lectura se desprende: I) Definiciones: 'el concesionario significará la red oficial de la compañía' (fs. 172) y que los vehículos referidos en el sinalagma significarán 'los automotores, repuestos, piezas, partes y accesorios producidos y comercializados por la Compañía sobre la que recae la concesión' (fs. 173). ... 'los precios de venta de los vehículos automotores serán fijados exclusivamente por la compañía' (fs. 181); 'quien tendrá en todo momento el derecho de cambiar los precios, cargos, bonificaciones y otras condiciones de venta aplicables a cualquier vehículo automotor' (fs. 182); 'toda publicidad que realice el concesionario se deberá encuadrar dentro de los criterios publicitarios de la compañía' (fs. 201); 'el concesionario debe dedicar exclusivamente su actividad a la venta y servicio de los automotores, partes, repuestos y accesorios sobre los que se otorga la concesión, siendo incompatible con su actividad como concesionario cualquier actividad por sí o por terceros, ya sea del mismo ramo en sus distintas expresiones y posibilidades o de cualquier otro ramo, salvo autorización expresa y previa de la compañía' (fs. 202)."
"En efecto, a tenor de la insuficiencia del medio de impugnación, llega firme a esta instancia lo expuesto en el pronunciamiento bajo examen, en cuanto a que la venta de los automotores realizada en la concesionaria era 'facturada directamente' a nombre de Sevel S.A., y que esta última firma, dentro de sus atribuciones, contaba con la facultad de fijar y modificar los precios de las operaciones que se realizaban en el seno de la empresa contratista. Mal puede entenderse entonces que los bienes fabricados eran vendidos 'a nombre y cuenta' de Jorge Ganza e Hijos S.A. y consecuentemente que Sevel S.A. no tenía 'injerencia' en la actividad con la que se identifica la concesionaria."
¿Cómo votaron los jueces?
los votos de los jueces Genoud, Hitters, Soria, Negri y Kogan coinciden en negar lugar al recurso; se consideró que la prueba de grado acreditó la integración permanente y la intervención decisiva de Sevel en la comercialización y servicios, por lo que procede la solidaridad conforme al art. 30 LCT. Sentencia final: "se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.)."
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 23.551Asociaciones sindicales
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