Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Carniceros Agrupados de Rojas S.A. s/Apremio
El Fisco promovió ejecución por apremio sobre título administrativo en que se impone una multa por supuesta infracción fiscal. La Corte rechazó el recurso extraordinario y confirmó la decisión que, por considerar que la sanción carece de fundamento legal, hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la demanda.
¿Quién es el actor?
Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
¿A quién se demanda?
Carniceros Agrupados de Rojas S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución por apremio de un título administrativo que contiene una multa (sanción tributaria) por deuda fiscal.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco y, en consecuencia, se confirmó la decisión de la Cámara que había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazado la demanda por apremio; con costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El tribunal de apelación confirmó la decisión del inferior que haciendo lugar a la excepción de inhabilidad de título rechazara la acción por entender que la sentencia recurrida ha aplicado bien la ley en que se funda la demanda y al establecer aquélla una sanción máxima (art. 38 incs. a) y b) del Código Fiscal, t.o. ley 10.857) para el caso, no respetada en el instrumento en ejecución, lo declaró inhábil por instrumentar una 'pena tributaria' inexistente en el derecho aplicable y por consiguiente tampoco exigible al demandado, al no tener fundamento legal la sanción impuesta (art. 18, Const. nac.)."
"Insiste más adelante en que el título ejecutado tiene instrumentada una 'pena' equivocada, según lo reconoce el mismo accionante, es decir, 'crea' una pena sin ley que lo refrende y si esto es así -dice el fallo-, no tiene fundamento pretender que esa pena inexistente en derecho pueda haber adquirido 'firmeza' mediante una instancia administrativa no cuestionada por el demandado: el silencio, aquí, no es convalidante, porque esa sanción, en la forma impuesta en el título, no le fue opuesta hábilmente al deudor, por tratarse de una sanción no legislada."
"Destaca más adelante el pronunciamiento que la 'cosa juzgada administrativa' no es tal porque la administración carece de la 'jurisdicción' propia del Poder Judicial, esto es, del órgano independiente que diga el derecho aplicable a las partes relacionadas por una materia litigiosa... Siempre será entonces el juez natural el competente para el juzgamiento definitivo del 'título' ejecutivo por el cual se fundamenta la acción de apremio (arts. 518, 520, 521 y concs., C.P.C.), título que, emanado de la Administración pública, tiene que estar constituido de acuerdo 'formal' y materialmente a la ley que así lo autorice."
"El argumento... referido a que el consentimiento tácito de la resolución administrativa por falta de interposición de la acción contenciosa haga perder la facultad de impedir la ejecución, no resiste el análisis, si se tiene en cuenta que frente al procedimiento abreviado establecido en favor del acreedor para asegurarle el rápido cobro de su crédito -apremio- se ha tendido a permitir a los demandados el justo derecho a la defensa en juicio en forma efectiva -excepciones-, así sea de manera restringida."
"Tiene resuelto al respecto en forma reiterada la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la regla que limita el examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados, pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Fallos, t. 278, pág. 346; t. 298, pág. 626; t. 302, pág. 861; entre otros...)."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. San Martín fue seguido por los Dres. Pisano, Negri, Vivanco y Mercader; acuerdo unánime por la negativa al recurso.
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