Correa, Nélida Mabel c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios
La actora promovió acción por daños y perjuicios y planteó inaplicabilidad de la ley provincial de consolidación de pasivos. La Corte provincial sostuvo que la ley 13.929 no supera las objeciones de inconstitucionalidad formuladas sobre la ley 12.836 y su modificatoria 13.436, declarándolas inaplicables al caso.
¿Quién es el actor?
Correa, Nélida Mabel.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Inaplicabilidad e inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos provincial (ley 12.836 y modificatoria 13.436) y la consecuente pretensión de reparación por daños y perjuicios; la cuestión específica era si las modificaciones introducidas por la ley 13.929 subsanaban las objeciones constitucionales.
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte provincial resolvió que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaron la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria 13.436, tornándose inaplicable al caso el estatuto legal. El acuerdo fue por mayoría (Pettigiani, Negri, de Lázzari, Kogan).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Del dispositivo final: "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."
¿Cómo votaron los jueces?
"Por lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta lo resuelto -por mayoría- por este Tribunal en la causa C. 99.858, 'Rodríguez', sent. del 17-VIII-2011, considero que con las modificaciones introducidas por la ley 13.929 a las leyes 12.836 y 13.436, no se logra superar el test de constitucionalidad. Voto por la negativa."
Fundamento clave sobre conflicto con norma nacional (Pettigiani): "La norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente..."
¿Cómo votaron los jueces?
"Como la legislación nacional fija el plazo máximo en el 1° de enero de 2016, se advierte una diferencia de veintinueve días en perjuicio del acreedor (diferencia escasa, pero -sin duda- presente) que impide a la nueva normativa superar las objeciones destacadas en 'Mochi', quedando la ley siempre fuera de los márgenes establecidos por la legislación nacional..."
Mayoría: Los votos por la negativa (no superación del test constitucional) fueron los de Pettigiani, Negri, de Lázzari y Kogan; el acuerdo siguiente al intercambio de votos constituye la decisión del Tribunal.
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