Herrera, María Selva c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios
Acción de daños y perjuicios por la inaplicabilidad de la ley de consolidación de pasivos provincial. La Corte provincial resolvió que las modificaciones introducidas por la ley 13.929 y el decreto 201/2010 no alcanzan para purgar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 (y su modificatoria 13.436), declarándola inaplicable al caso.
¿Quién es el actor?
María Selva Herrera.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Fisco provincial).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios y declaración de inaplicabilidad de la ley provincial de consolidación de pasivos (ley 12.836 y su modificatoria 13.436) respecto del caso.
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte provincial sostuvo por mayoría que la sanción de la ley 13.929 (y el decreto 201/2010) no superó los vicios que motivaron la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación (ley 12.836 y 13.436), por lo que dicho estatuto legal resulta inaplicable al caso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con la sanción de la ley 13.929 (B.O.P., 30-XII-2008) se contempló un plazo máximo para el pago de las obligaciones que, si bien pondría fin al estado de incertidumbre antes referido (v. pto. 1), al fijar ese límite temporal más allá del previsto por la ley nacional 25.344 (B.O., 21-XI-2000) y su decreto reglamentario 1116/2000, ha determinado una nueva restricción para los acreedores que colisiona con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esa incompatibilidad se mantiene aún con las modificaciones introducidas por el decreto 201/2010 (B.O.P., 26-V-20l0) pues, la diferencia temporal continúa afectando directamente a los acreedores que han optado por el procedimiento de pago en efectivo de sus créditos..." (voto de la Dra. Kogan).
"La norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere." (voto del Dr. Pettigiani, II.i).
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal." (Bloque dispositivo final / Sentencia).
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión mayoritaria (votos de Kogan, Pettigiani, De Lázzari y Negri) sostuvo la negativa a considerar superadas las objeciones constitucionales; el acuerdo final declara la inaplicabilidad de la normativa impugnada. No se registra en el texto voto favorable a la constitucionalidad que haya conformado mayoría distinta.
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