Municipalidad de La Matanza c/Cascales, Amílcar Francisco s/Ordinario

¿Quién es el actor?

Municipalidad de La Matanza.

¿A quién se demanda?

Amílcar Francisco Cascales (único demandado en el proceso de nulidad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de nulidad por fraude procesal de todo el proceso precedente ("Municipalidad de La Matanza c/ Cascales ... s/ daños y perjuicios"), con restitución de sumas percibidas, intereses y daño moral; también impugnación de la valoración probatoria y de costas.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad. Se impusieron costas a la actora vencida (arts. 68 y 289 C.P.C.C.). La decisión definitiva del acuerdo: "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la legitimación y el litisconsorcio necesario (voto del Dr. De Lazzari):

"Entiendo que debe brindarse respuesta afirmativa a este primer interrogante, en tanto la pretensión incoada padece de insoslayable déficit.

... La falta de un presupuesto procesal acarrea la nulidad de la sentencia que eventualmente se dicte; y si este presupuesto es de suma trascendencia ello puede ser observado aún de oficio. Los jueces están facultados y también obligados a asumir su concreto contralor..."

"La pretensión de la aquí actora tendió a modificar o extinguir cierto estado jurídico (status), justamente el estado jurídico proveniente de la sentencia obtenida en el proceso que ahora se quiere invalidar. En particular, al postularse la nulidad de dicho proceso por presuntos actos dolosos de una de las partes, del juez y de los letrados intervinientes, quedó conformado y configurado un litisconsorcio necesario."

Sobre la preclusión y el alcance de decisiones previas (voto de la Dra. Kogan, en disidencia respecto de De Lazzari en la cuestión de integración):

"La preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior, principio procesal que viene impuesto en aras de la seguridad que debe existir en todo proceso judicial. La preclusión y la cosa juzgada se encuentran en sintonía para dar una respuesta axiológica en función del valor seguridad..."

Sobre la insuficiencia de la fundamentación recursiva y la carga del artículo 279 (voto del Dr. De Lazzari en el análisis del fondo):

"el recurso extraordinario ha sido insuficientemente fundado. En efecto, el art. 279 del Código procesal impone una carga específica de fundamentación, en tanto el recurso debe bastarse a sí mismo... El recurrente ha declinado hacerse cargo de las motivaciones sustanciales del fallo, exteriorizando en definitiva una mera discrepancia subjetiva..."

Sobre la valoración integral de hechos y la etapa de ejecución (voto del Dr. Soria y adhesiones; en particular el análisis de la conducta en la ejecución y la caducidad de la apelación):

"La falta de impulso del recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, en el presente caso, no puede ser interpretada como una mera negligencia del obrar del letrado interviniente por la Municipalidad. ... Es la sumatoria de todos estos hechos y el contexto en el que éstos tuvieron lugar lo que revela el juicio distorsionado efectuado por el a quo..."

(el voto expresa consideraciones sobre múltiples liquidaciones y peritajes que registraron perjuicio patrimonial para el municipio).

Transcripción del dispositivo final del acuerdo (bloque dispositivo mayoritario):

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

Montos y fechas relevantes mencionados:

Fecha del acuerdo de la Suprema Corte: 28 de diciembre de 2011.

Monto de condena en el juicio de origen: A 9.100.000 (monto referido en el voto).

Perjuicio contable señalado por pericia: A 14.926.700.603,62 (dictamen pericial citado en los votos).

Fecha de la sentencia de primera instancia en el juicio originario: 12 de junio de 1987 (citada).