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Tribunal Superior

Imerito, Patricio Hugo Pedro c/Gago, Sergio Pablo y otra s/Ejecución hipotecaria

Los actores promovieron ejecución hipotecaria por deuda pactada en dólares contra los ejecutados y la Cámara había declarado inconstitucionales los arts. 1 y 8 del decreto 214/2002 ordenando el pago en dólares. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de nulidad y, por mayoría, hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley revocando la declaración de inconstitucionalidad y ordenando la conversión del dólar a peso más un 30% de diferencia, con accesorios a tasa del 7,5% anual.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-90291
Ejecucion hipotecaria Conversion de moneda Decreto 214/2002 Ley 25.561 Inaplicabilidad de ley Inconstitucionalidad Conversion dolar a peso +30% Tasa 7 5% anual Nulidad rechazada Costas.

¿Quién es el actor?

Patricio Hugo Pedro Imerito y Susana Pilar Garde de Imerito.

¿A quién se demanda?

Sergio Pablo Gago y Patricia Fabiana Spalla de Gago.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución hipotecaria por pago de suma reclamada derivada de contrato de compraventa garantizado con hipoteca, con precio pactado en dólares estadounidenses (u$s 40.800).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por los ejecutados y, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; revocó la sentencia apelada que había declarado la inconstitucionalidad de las normas de emergencia y ordenó convertir el dólar a pesos más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar a la fecha de la liquidación, agregando los accesorios desde la mora hasta el pago a una tasa del 7,5% anual; los autos vuelven a la instancia de origen para practicar el cálculo conforme a esas pautas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En la Sala II de la Cámara de Apelación departamental de Morón confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 del decreto 214/2002 y del decreto 320/2002. En consecuencia, dispuso que el pago de la suma reclamada se efectúe en dólares estadounidenses (v. fs. 227/239 vta.)."

"En base a tales consideraciones, y conforme a las pautas establecidas en el citado precedente y que remite a 'Bezzi, Rubén Amleto y otro c/ Valentín, Sixto Carlos y otro s/ejecución hipotecaria - ejecutivo' (C.S.J.N., sent. del 11-IX-2007) entiendo corresponde convertir un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse los accesorios del crédito desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago a una tasa de interés del 7,5% anual entre moratorios y punitorios (arts. 508, 622 y 656 del Código Civil)."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto; con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 298 in fine, C.P.C.C.). Asimismo, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada, debiéndose convertir un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse los accesorios del crédito desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago a una tasa de interés del 7,5% anual entre moratorios y punitorios (arts. 508, 622 y 656 del Código Civil)."

Respecto de la crítica por omisión de tratamiento de agravios: el fallo sigue la doctrina de la Corte sobre la regla del art. 168 C.Prov. señalando que "la omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando el mismo aparece desplazado por el razonamiento expuesto en la sentencia", y concluye que no se acreditó la violación del art. 171 por existir "respaldo legal" suficiente.

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