Empresa de Servicios Gastronómicos de Angela Elena Llera c/Empresa Social de Energía de Bs. As. s/Interdicto de recobrar
Reclamo por interdicto de recobrar contra Empresa Social de Energía de la Provincia por consolidación de pasivos provinciales. La Corte provincial resolvió que las modificaciones introducidas por la ley 13.929 no son suficientes para superar la inconstitucionalidad del régimen de consolidación (leyes 12.836 y 13.436), por colisión con la normativa nacional y perjuicio a los acreedores.
¿Quién es el actor?
Empresa de Servicios Gastronómicos de Angela Elena Llera.
¿A quién se demanda?
Empresa Social de Energía de Bs. As.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Interdicto de recobrar vinculado a obligaciones incluidas en el régimen de consolidación de pasivos provinciales (ley 12.836 y modificatorias).
¿Qué se resolvió?
La Corte provincial determinó que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los vicios que motivaron la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación consagrado por la ley 12.836 y la ley 13.436, por lo que dicho estatuto resulta inaplicable al caso. Se rechaza la pretensión de que las modificaciones lo hagan compatible con la Constitución y la normativa nacional.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En resumen: lo que se nos dice por el máximo Tribunal -en pronunciamientos reiterados- es que cualquier ley de consolidación que se dicte a nivel local no puede, bajo ningún supuesto, escapar a los límites perfilados en la normativa dictada -a los mismos efectos- en la jurisdicción nacional. O, lo que es lo mismo, que la situación del acreedor del fisco de una provincia no puede, en ningún aspecto, ser más desventajosa que la de un acreedor del fisco nacional."
"Lo expuesto surge de cotejar la fecha de corte dispuesta en ambos regímenes y el plazo de cancelación en cada uno de ellos: La norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere."
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."
(Votos concordantes de los doctores Pettigiani, Kogan, Negri y de Lázzari que sostienen la insuficiencia de las modificaciones introducidas por la ley 13.929 y el decreto 201/2010 para salvar la incompatibilidad con la normativa nacional y la Constitución.)
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