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Tribunal Superior

Milanese, Ismael Omar c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios

El actor reclamó daños y perjuicios por anegamientos en su campo imputando responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires. La Corte revocó parcialmente la sentencia de la Cámara al declarar que la Provincia fue la causa adecuada exclusiva del daño y debe responder por la integridad de la indemnización reconocida.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-81870
Danos y perjuicios Anegamientos Causalidad adecuada Absurdo Responsabilidad estatal Provincia de buenos aires Indemnizacion Lucro cesante Recurso extraordinario Revocacion parcial.

¿Quién es el actor?

Ismael Omar Milanese.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios (daños por anegamientos en inmueble rural) y reparación por lucro cesante padecido y futuro.

¿Qué se resolvió?

El recurso extraordinario prosperó parcialmente en la mayoría. Se revocó la parte de la sentencia de cámara que limitaba la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires al cincuenta por ciento, y se sostuvo que la conducta de la Provincia fue la causa adecuada exclusiva del daño, por lo que el Estado provincial debe responder íntegramente por la condena con costas a la demandada vencida. Los agravios relativos a la cuantía indemnizatoria (lucro cesante) fueron rechazados por no acreditarse absurdo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como ha quedado probado en autos, fue por la acción de terceros ajenos a la demandada que importantes masas de agua del Río Quinto ingresaron en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, debiendo esta última, a fin de resolver la situación así generada, construir el canal La Dulce-Bajo Vidaña que derivó la masa líquida en cuestión. Sin embargo, el anegamiento de los terrenos, propiedad de la actora, se produjo a raíz de que el escurrimiento del agua por dicho conducto resultó interrumpido por los taponamientos realizados en la provincia demandada. Así, queda en evidencia que la acción de los terceros, aunque antecedentes o condiciones, no revistieron la relevancia jurídica de causa, porque de no haber ocurrido aquellas obstrucciones, el agua hubiese seguido su curso por el canal. Se erige, entonces, como única causa adecuada del daño, la interrupción de aquella vía, sin que existan concausas o interferencias del nexo causal por la incidencia de un factor independiente. En la especie, la condición puesta por el agente fue el taponamiento del canal que, en caso de no haber existido, no hubiera producido el desborde que afectó el campo de la accionante."

"En tales condiciones, juzgo que la recurrente ha demostrado el absurdo que denunciara con mención del art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial, pues, los razonamientos del fallo revelan una grave desinterpretación de las circunstancias probadas, quedando en evidencia asimismo la errónea aplicación de los arts. 901, 903, 904 y 906 del Código Civil, regulador de la imputación de las consecuencias de los hechos conforme al principio de la causalidad adecuada. La utilización en la sentencia de conceptos individualizados como 'causas antecedentes y causas inmediatas' (fs. 1557 vta.) o 'causas que influyeron en la producción de los daños' (fs. 1559 vta.) no constituye examen idóneo del punto aludido, esto es, de dicha relación de causalidad."

"Por ello, la sentencia ha de ser revocada en cuanto limita la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires al cincuenta por ciento, debiendo el Estado provincial responder íntegramente por el daño causado, con costas a la demandada vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

Voto mayoritario (Negri, de Lázzari, Hitters) por la afirmativa en el recurso. Votos concurrentes en minoría (Pettigiani, Soria) por el rechazo del recurso, entendiendo que no se acreditó el vicio de absurdo y que la valoración de la causalidad y de la concurrencia de obras de distintas provincias constituía apreciación de la prueba sobre la que no cabe intervención salvo absurdo.

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