Chacur, Analía C y otros c/Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo

¿Quién es el actor?

Chacur, Analía C. y otros, docentes de la EGB Nº 23 y la Escuela Especial Nº 515 de La Plata.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que cese la omisión de pago y se restituya la bonificación por desempeño en medios desfavorables (art. 31 inc. c) del Estatuto del docente, ley 10.579) que dejaron de percibir a partir de mayo de 2002; se solicitó además medida cautelar para la inmediata restitución y pago.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se rechazó la acción de amparo; se impusieron las costas a los actores en el orden causado; se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

¿Cómo votaron los jueces?

el cese en la liquidación y pago de las bonificaciones fue consecuencia directa de la aplicación del art. 12, ley 12.867, que dispuso la caducidad de las clasificaciones anteriores el 31 de marzo de 2002, por lo que la actuación administrativa contó con título jurídico y no constituye vía de hecho. Trasladando el razonamiento del fallo:

"La norma regula dos situaciones diferentes. (i) Una atañe a la puesta en práctica del nuevo régimen... (ii) La otra concierne a la vigencia de las clasificaciones y, consecuentemente, de los derechos a la bonificación... Se ha dispuesto, entonces, a esa data, la extinción ipso iure de los rubros remuneratorios antes señalados."

"De modo que, franqueado el umbral definido por aquella fecha, no cabe interpretar que el legislador haya subordinado la eficacia extintiva de su determinación al dictado de un acto administrativo... Es por imperio de la norma legal, y no de un obrar administrativo desprovisto de sustento, que ha resultado el cese en la liquidación y pago de las aludidas bonificaciones..."

Además, se sostuvo que la acción de amparo sólo procede cuando la lesión de derechos constitucionales sea con ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, extremo que no se verificó en el expediente.

¿Cómo votaron los jueces?

consideró que el amparo debía prosperar porque la supresión de la bonificación se efectuó sin cumplirse el procedimiento previsto (falta de dictamen de las comisiones distritales, ausencia de resolución fundada del Director General) y, aun cuando la ley fijó el 31/3/2002 como tope, la literalidad del art. 12 resultó inaplicable en razón de la imposibilidad práctica de cumplir los plazos legales; por ello la omisión en las liquidaciones configuró acto ilegal, arbitrario y manifiestamente lesivo.

Textos transcritos (extractos relevantes del fallo, lenguaje original):

"La norma regula dos situaciones diferentes... Respecto de ellos, la norma dispone su subsistencia que condiciona alternativamente a dos factores: a) hasta que opere el reemplazo mediante la puesta en vigor administrativa de las nuevas clasificaciones legalmente autorizadas; b) en cualquier caso, hasta el 31 de marzo de 2002. Esto último surge de la expresión '...las que caducarán el 31 de marzo de 2002'... Se ha dispuesto, entonces, a esa data, la extinción ipso iure de los rubros remuneratorios antes señalados."

"Mal puede invocarse entonces, la ocurrencia en la especie de una vía de hecho, cuando la actuación cuestionada ha sido llevada a cabo con el soporte de una norma legal que le sirve de suficiente fundamento jurídico (art. 109, dec. ley 7647/1970)."

¿Cómo votaron los jueces?

"La inexistencia de dictamen emanado de las aludidas comisiones distritales... y, más grave aún, de resolución fundada del Director General de Cultura y Educación acerca de las nuevas clasificaciones... torna a la supresión de la bonificación por desfavorabilidad no sólo ilegal sino también manifestación arbitraria de la voluntad del estado provincial."