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Sosa, Augusto Martín c/Provincia de Bs.As. (I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa
El actor demandó por reajuste de su haber previsional reclamando la inclusión de sumas establecidas en el decreto 1286/1992 dentro del sueldo básico. La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar a la demanda, dejó sin efecto los actos administrativos impugnados y reconoció el derecho al cobro de las diferencias devengadas conforme al decreto 1591/2004 con intereses hasta el efectivo pago.
¿Quién es el actor?
Augusto Martín Sosa, por apoderado.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, representada por el Instituto de Previsión Social.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugnan las resoluciones del Instituto de Previsión Social que rechazaron el reclamo de reajuste del haber previsional por no incorporar en el haber básico las sumas establecidas por el decreto 1286/1992 (para cargo de Juez de Trabajo, nivel 20) y la denegatoria del recurso de revocatoria. Se pide que las sumas se hagan efectivas desde la aplicación del decreto 1286/1992 hasta el 30/06/1998, con intereses y liquidación de las diferencias correspondientes.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, se hace lugar a la demanda, se dejan sin efecto los actos administrativos impugnados, se reconoce el derecho de la actora al cobro de las diferencias devengadas en los términos del decreto 1591/2004, con intereses hasta el efectivo pago, y se condena al Instituto de Previsión Social a cancelar el importe dentro del plazo de sesenta días. La liquidación deberá cancelarse en los términos de las leyes de consolidación de la deuda pública 11.192 y 12.438. Costas por su orden. Se difiere regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por los fundamentos expuestos en las causas B. 62.116, 'Defeo, Raúl Celestino c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa', sent. del 20-II-2006 y B. 62.552, 'Migliaro, Leonardo Luis c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa', sent. del 21-II-2007, por mayoría, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta, dejando sin efecto los actos administrativos impugnados, reconociendo el derecho de la actora al cobro de las diferencias devengadas en los términos del decreto 1591/2004, con intereses hasta el efectivo pago y condenando al Instituto de Previsión Social a la cancelación del importe dentro del plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.)."
"La liquidación deberá cancelarse en los términos de las leyes de consolidación de la deuda pública 11.192 y 12.438."
¿Cómo votaron los jueces?
Los jueces Lázzari, Negri, Soria, Kogan, Domínguez y Mancini adhieren por remisión a los fundamentos y conclusiones de los precedentes citados (causas B. 62.116 y B. 62.552). El fallo se sustenta en dichos precedentes y la decisión adoptada corresponde a la mayoría expresada en el bloque dispositivo final.
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