Navarro, Luis Fernando y otros c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Los concejales Luis Fernando Navarro, Antonio Carlos Pisani, Rubén Cabanelas y Eduardo Joaquín Aboal.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, representada por el Tribunal de Cuentas (y la Fiscalía de Estado como representante de la Provincia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones del Tribunal de Cuentas de fecha 12-11-1997 (desaprobación de pagos por reparaciones de vehículos y formulación de cargo patrimonial) y 4-11-1998 (rechazo del recurso de revisión), dictadas contra los rendimientos de cuentas de los ejercicios 1993 y 1994 del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda y se confirmó la legitimidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas. Se dejó sin efecto la medida cautelar concedida y se impusieron costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades habilita al Concejo a compensar excesos producidos en partida del presupuesto por gastos, que estime de legítima procedencia, hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto o con excedentes de recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de cierre de ejercicio en la cuenta 'Resultado de Ejercicio'."

"El Departamento Deliberativo efectúa el control de gestión de los actos del administrador, pero hace cogestión con quien ejecuta -en el presente caso el Presidente del Concejo-, en el momento en que aprueba el presupuesto o sus modificaciones. Al aprobar la rendición de cuentas y compensar los excesos producidos sobre gastos de un grado absoluto de irrazonabilidad, asume la responsabilidad de quien ejecuta, no pudiendo alegar desconocimiento del tema al analizar la compensación aludida, ni eludir su solidaridad con el administrador..." (considerando del Tribunal de Cuentas citados y ponderados).

"El art. 194 de la Constitución provincial establece que 'Los municipales, funcionarios y empleados, son personalmente responsables no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes...'. ... El art. 244 del mismo ordenamiento legal preceptúa que 'Todo acto de inversión de fondos ejecutado al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas, lleva implícita la presunción de perjuicio. La prueba en contrario corresponde personal y directamente al funcionario.'"

Además, la Corte destacó la magnitud y frecuencia de los gastos (por ejemplo, $1.157.416,10 en 1993 y $459.159 en 1994) y la existencia de pagos a talleres que en algunos casos "nunca existieron", concluyendo que el análisis de la legitimidad y razonabilidad de los gastos fue suficiente y que la actuación del Tribunal de Cuentas fue legítima.

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Hitters votó por la negativa; los Dres. Genoud, de Lázzari y Negri adhirieron al mismo fundamento y votaron por la negativa. Bloque dispositivo final: "Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta."