Arévalo, Isidro Alberto c/Municipalidad de Adolfo González Chávez s/Demanda contencioso administrativa
El actor demandó en sede contencioso-administrativa la nulidad de los decretos que rescindieron contratos de obra y reclamó pagos por ruptura de la ecuación económico-financiera, reintegro de garantía e indemnizaciones. La Corte rechazó la demanda al concluir que la actora no acreditó el reinicio de las obras exigido por el convenio y que la rescisión decretada por la Municipalidad se ajustó a derecho por incumplimiento contractual.
¿Quién es el actor?
Isidro Alberto Arévalo, en su carácter de propietario de la firma Conci Construcciones Civiles.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Adolfo González Chavez.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación del decreto 1101/1992 (rescindió contrato con atribución de culpa al contratista) y del decreto 109/1993 (rechazo de recurso de revocatoria), y pago de sumas por ruptura de la ecuación económico-financiera (gastos improductivos, instalación eléctrica), reintegro de depósito de garantía, indemnización por materiales y equipos perdidos, y pérdida de chance por paralización de obras; con relación a las obras "Escuela de Educación Media nro.1 De La Garma Sector B" y "Construcción de Desagües Cloacales del Hospital Anita Elicagaray".
¿Qué se resolvió?
Se rechaza la demanda. Se confirma la legalidad del decreto 1101/1992 que dispuso la rescisión contractual por incumplimiento de la empresa y del decreto que rechazó el recurso de revocatoria; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Hecha esta suerte de abstracción sólo leemos 'La Municipalidad ... abonará ... una suma ... previa iniciación de las obras mencionadas en la cláusula primera, apartado 'C' de este contrato'. Si en las palabras de esa oración (cuya máxima reducción nos dice: 'abonará ... previa iniciación de las obras') se aloja la intención de los contratantes, ésta no puede ser otra que la iniciación de los trabajos por la 'Empresa CONCI Construcciones' ha de preceder (y abrir las puestas) al pago del dinero por la demandada en autos. Sin tal comienzo o reinicio de obras no hay pago (doctr. arts. 1198 1ra. parte, C.C. y 217, C.Com.)."
"Tal como vengo razonando, la modificación introducida en el contrato que liga a las partes, no ha sido, en esencia, más que un aumento monetario de la prestación originaria de pago a cargo de la comuna, sin que por ello mudara su esencia. En verdad esta obligación de la contratista al igual que todo el menú prestacional de ese contrato permanece invariable, solo se le reconoce un aumento del precio a que tenía derecho y se precisan las tareas pendientes o inconclusas que le restan ejecutar, así como las demoliciones y nueva realización de las mal realizadas, con el objeto de mantener la ecuación económica."
"Manteniéndose la actora en su reprochable incumplir pese a la intimación que anunciaba la voluntad extintoria de la Administración, encuentro ajustado a derecho el decreto 1101/1992 que dispuso la rescisión del contrato."
Bloque dispositivo final: "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden..."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Roncoroni votó por la negativa, y los Dres. Negri, Pettigiani, Kogan y Genoud adhirieron a los fundamentos, conformando la decisión de la Corte por mayoría.
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