Palazzo, Antonia c/Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Antonia Palazzo, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones 299.563 (13–VIII–87) y 311.696 (17–VIII–89) en cuanto desconocieron efectos patrimoniales reconocidos por la resolución 221.543 (22–IV–78), y condena al pago de diferencias de haberes desde el 1–X–77, con actualización e intereses.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la demanda. Se confirma que las diferencias anteriores al 19–VI–84 (dos años antes del reclamo del 19–VI–86) se encuentran prescritas y que las resoluciones administrativas apeladas se ajustaron a derecho. Costas por su orden. Se regulan honorarios profesionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 56 del dec. ley 9650, luego de declarar la imprescriptibilidad del derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, establece en su segundo y tercer párrafos: 'prescribe al año la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, inclusive los provenientes de reajustes devengados antes de la presentación de la solicitud del beneficio' (2do. p.) y 'prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud de la prestación' (3er. p.). En su cuarto y último párrafo, asigna carácter interruptivo del plazo de prescripción a 'la presentación de la solicitud ante el Instituto de Previsión Social'.

Como se trata de prestaciones periódicas, el plazo de prescripción se computa individualmente para cada haber y comienza desde que cada uno se devengó.

Ahora bien, si ha mediado un reclamo administrativo que interrumpe el curso de la prescripción y, por lo tanto, aniquila o inutiliza el tiempo ya corrido, el plazo comienza nuevamente a transcurrir desde que se dicta la resolución administrativa que le pone término ..."

y

"La falta de notificación del acto de otorgamiento del beneficio no impidió, en el caso, el nacimiento de un nuevo curso de la prescripción a partir de entonces.

Esto es así porque resulta indudable el conocimiento por la interesada del resultado favorable de la gestión y porque en ella no se había incorporado ninguna petición atinente a la categoría a considerarse, cuestión esta que recién se planteo una vez transcurridos ocho años desde la fecha del acto.

... Con el dictado de ese acto concluyó el procedimiento, situación esta no ignorada por la actora desde que percibió mensualmente los haberes jubilatorios, esto es, comenzó a gozar de la prestación concedida."

y

"En mérito de los fundamentos expuestos, cabe concluir que es ajustada a derecho la resolución administrativa que, al modificar la categoría considerada en el acto originario, consideró prescriptas las diferencias por tal concepto anteriores al 19–VI–84, esto es, dos años previos a la fecha del reclamo, por aplicación del art. 56, tercer párrafo del dec. ley 9650 (conf. res. 299.563, 13–VIII–87 y res. 311.696, 17–VIII–89), sin que se presente ninguna razón para dispensar las consecuencias de la prescripción cumplida (a contrario art. 3980, C.C.).

Las particulares circunstancias del sub lite evidencien que, en definitiva, la actora ha pretendido valerse de una omisión—falta de notificación formal del acto de otorgamiento del beneficio—para eludir las consecuencias jurídicas de su inactividad y del transcurso del tiempo, pretensión que resulta a todas luces inatendible y, por consiguiente, conduce al rechazo de la demanda"

¿Cómo votaron los jueces?

El señor Juez doctor Vivanco votó por la negativa y los señores jueces doctores Mercader, Pisano, Rodríguez Villar y Negri, por los fundamentos del señor Juez doctor Vivanco, votaron también por la negativa. El dispositivo final confirma el rechazo de la demanda.