Construcciones Arrieta S.A.C.I.F.I. c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Construcciones Arrieta S.A.C.I.F.I.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, por las resoluciones del Administrador General de la Dirección de Vialidad (res. 18-88 y 1104-88 y extensión al res. 962-85).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Devolución de importes retenidos en concepto de "desagio" aplicados sobre montos reconocidos por actualización monetaria/adicionales en el marco de la ejecución del contrato de obra pública "Alto nivel de la intersección de la R.P. 21 con la R.N. 3", con actualización, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda. Costas por su orden. Se regulan honorarios profesionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La materia controvertida resulta sustancialmente análoga a la que fuera objeto de tratamiento en sucesivas causas sentenciadas por el Tribunal (B. 50.818, 'Inmar', 19-IX-89; B. 51.173, 'Esuco y otras', 8-X-91; B. 51.174, 'Esuco y otras', 5-XI-91; B. 50.845, 'Sardi Rebolledo', 13-IV-93 y B. 50.644, 'Pérez y Paradell', 9-XI-93; B. 50.573, 'Sacoar', 11-VII-95). En efecto, se trata de las derivaciones de la aplicación del denominado 'desagio' (decreto P.E.N. 1096/85 y decreto provincial 4269/85)."

"En el marco de los contratos de obra pública la cuestión debe resolverse de acuerdo a las previsiones de la ley 6021. El equilibrio establecido por la aplicación del método de ajuste pactado y las disposiciones que autorizan reconocimientos de adicionales constituyen las reglas de sujeción para las partes. La efectiva demostración de la existencia de un factor de corrección externo que altera el cumplimiento de las prestaciones recíprocas constituye una carga probatoria del particular."

"En este aspecto, la actora no acreditó en autos que el sistema de variaciones de precios eliminara la posibilidad de introducir expectativas inflacionarias en el precio del contrato. No hay ofrecimiento de prueba alguna al respecto limitándoselo a las constancias de las actuaciones administrativas (v. fs. 13 y 69). ... La señalada omisión probatoria no puede ser suplida en el presente decisorio, no solamente en orden a la doctrina referida, sino por que el Tribunal mantiene una inveterada jurisprudencia en la materia en cuanto en el proceso contencioso administrativo el actor debe aportar elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, ya que no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento y debe cumplir con la carga que impone el onus probandi (v. causas B. 50.547, 31-V-88; B. 48.463, 27-XII-88; B. 50.818, 'Inmar', 19-IX-89)."

"Las mismas conclusiones, en cuanto a la inexistencia de elementos probatorios que acrediten la materialización de la lesión patrimonial denunciada, determinan la improcedencia del agravio constitucional planteado (arts. 375, C.P.C.C. y 25, C.P.C.A.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Laborde votó por la negativa; los Dres. Negri, Hitters, Pettigiani y Pisano adhirieron al voto del Dr. Laborde. Bloque dispositivo final: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."