Mazzola, Pedro Horacio c/Municipalidad de La Matanza s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Matanza impugnando multa y rescisión del contrato para la construcción del polideportivo Rafael Castillo y reclamando sumas por incumplimientos contractuales. La Corte rechazó la demanda por falta de prueba que acredite las pretensiones patrimoniales y por haberse respetado la actuación administrativa en cuanto a ampliación de plazos y constatación de deficiencias técnicas.
¿Quién es el actor?
Pedro Horacio Mazzola.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de La Matanza.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad o retroceso de la multa aplicada y de la rescisión del contrato de obra pública; pago de créditos adeudados por incumplimientos atribuibles al comitente (mayor costo financiero, gastos improductivos, adicional por alambrado, transporte, certificados impagos, etc.).
¿Qué se resolvió?
Se rechaza la demanda. Costas por su orden. Se regulan honorarios profesionales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De lo reseñado se desprende que el Municipio asumió la responsabilidad de no haber entregado en término los materiales necesarios, valorando también las dilaciones originadas por las lluvias y ampliando consecuentemente el plazo de ejecución sin sanciones.
En el nuevo plazo contractual, cuyo último vencimiento era el 7-XI-86 (fs. 302 vta. y 305, exp. adm.) la demandada recompuso la situación contractual, entregando los materiales faltantes y reconociendo los efectos de las lluvias. La firma actora no ha intentado probar en contrario, limitándose en su ofrecimiento a otras cuestiones contractuales de índole patrimonial mediante el informe que acompaña con la demanda y que fuera extendido por un ingeniero civil (fs. 45/75).
Por tal incumplimiento de la carga probatoria concluyo que en este aspecto lo actuado se ajusta a derecho (arts. 25, C.P.C.A. y 375, C.P.C.C.)."
" La rescisión declarada por el Municipio encuentra amparo en el incumplimiento del plazo contractual y en la acreditación de deficiencias en la calidad de los trabajos terminados. En este último aspecto los informes producidos ponderan la insuficiente dosificación de los trabajos y la falta de manejo técnico del particular contratista (v. alc. 14, fs. 11/12 y 16)."
" La única probanza -de índole documental- fue la acompañada a la demanda y sus ampliaciones, por lo cual no fue necesario abrir la causa a prueba (v. resolución de fs. 155). El informe del profesional obrante a fs. 45/47 es el resultado de un requerimiento extrajudicial de la propia interesada, sin la conformidad de la contraria e incorporado unilateralmente a la causa. No ha sido producido, pues, conforme a las normas procesales (arts. 25, C.P.C.A. y 457 a 476 del C.P.C.C.). Bajo dichas condiciones y sin el apoyo en otro elemento probatorio no aporta convicción suficiente para controvertir la legitimidad de lo actuado por la Administración.
Por las razones expuestas la demanda no puede progresar. Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."
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