Narvoish, Miguel Angel c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires por retenciones en concepto de multa y desagio y por diferencias de precio por trabajos adicionales. La Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda: declaró firme la aplicación de la multa y la improcedencia del reclamo por desagio por falta de decisión administrativa definitiva, y reconoció la diferencia por trabajos adicionales con actualización e intereses.
¿Quién es el actor?
Miguel Angel Narvoish.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad/retroacción de actos administrativos que confirmaron retenciones por multa y desagio; pago de importes retenidos (multa y desagio); percepción de diferencias de precio por trabajos adicionales; actualización monetaria, intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda. Se rechazaron las pretensiones relativas a la devolución de la multa (por falta de impugnación oportuna de la disposición administrativa originaria) y al desagio (por inexistencia de resolución administrativa definitiva que habilite la instancia). En cambio, se reconoció el derecho de la actora al cobro de la diferencia acreditada por trabajos adicionales (A 3051,62 con valores a julio de 1985), con actualización por índice de precios al consumidor hasta el 31-III-91 y más intereses, y desde 1-IV-91 intereses conforme tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires; costas por su orden; la liquidación deberá pagarse en 60 días.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Comprobada la existencia de una expresa resolución administrativa respecto de la multa, juzgo que la misma no fue objeto de impugnación por ninguno de los recursos previstos en las normas de procedimiento administrativo (arts. 86, 89, 91, 92 y conc. del dec. ley 7647/70). Luego de haber tomado conocimiento la actora de la sanción en la indicada fecha por la reserva efectuada (4-II-86), recién varios meses después y vencidos con holgura los plazos para recurrir, el 2-VII-86 radicó un reclamo múltiple que incluía la cuestión de la multa (alc. 4, fs. 9/15) el que se resolvió negativamente por decreto 1190/87 desestimando, en este aspecto, el pedido de devolución de la multa aplicada por mora en la entrega de los trabajos (v. art. 3, alc. 4, fs. 29).
Asiste, pues, razón a la Fiscalía de Estado, en cuanto a que la última decisión, que rechazó el requerimiento de devolución de la multa, constituyó la reiteración de una resolución anterior -la que aplicó la multa; res. 7 citada- que se encuentra firme y consentida por el particular."
"Considero que también en este aspecto debe hacerse lugar a la oposición de la Fiscalía de Estado. No advierto que en materia del 'desagio' exista resolución administrativa definitiva para habilitar la competencia del Tribunal. El decreto 10.384 que rechazó el reclamo del particular es la única que aparece cuestionada en autos, no obstante que en sede administrativa se la había impugnado mediante el pertinente recurso de revocatoria.
El acceso a esta instancia no se produce en los términos del art. 7 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo por la falta de resolución de dicho recurso. Por el contrario, la actora cuestionó directamente el acto que denegó el reclamo y luego omitió ampliar su demanda para atacar el acto denegatorio del recurso."
"Juzgo atento la concordancia de las conclusiones de la pericia con la prueba documental y el informe referido que se encuentra acreditada la existencia de diferencias en los valores del trabajo adicional... Concluyo que debe hacerse efectivo el reconocimiento de la diferencia acreditada en torno al mayor valor del trabajo adicional."
Bloque dispositivo final (transcripción literal):
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se hace lugar, por mayoría, parcialmente a la demanda interpuesta dejando sin efecto los actos impugnados con los alcances señalados precedentemente y condenando a la demandada al pago de la liquidación pertinente en el plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.).
Difiérese la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta la aprobación de la liquidación.
Regístrese y notifíquese."
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