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Tribunal Superior

Primo S.A.C.I.F. y A. c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/Demanda contencioso administrativa

Acción contencioso-administrativa por nulidad de decreto de rescisión contractual y cobro de facturas contra la Provincia de Buenos Aires por contratación de servicio de mantenimiento. La Corte rechazó la demanda por mayoría, considerando ajustada a derecho la rescisión dispuesta por el decreto 304/2002 en el marco del decreto 4041/1996 ante irregularidades que permitieron ventajas indebidas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-64012
Contrato administrativo Rescision por ilegitimidad Decreto 4041/1996 Decreto 304/2002 Licitacion privada 19/2000 Orden de compra 34/00 Buena fe contractual Cobro de factura $22.120 Inexistencia de indemnizacion Suprema corte de la provincia de buenos aires

¿Quién es el actor?

Primo S.A.C.I.F. y A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del decreto 304/2002 que rescindió el contrato celebrado mediante Orden de Compra 34/00 (Licitación Privada 19/00) para el servicio integral de mantenimiento del Hospital Zonal "Lucio Meléndez"; pago de facturas (p. ej. $22.120 por marzo de 2000) e indemnización por daños y perjuicios derivados de la rescisión.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se rechazó la demanda. Se consideró ajustada a derecho la rescisión del contrato por ilegitimidad efectuada mediante decreto 304/2002 en aplicación del decreto 4041/1996; se denegó el cobro de las facturas y la pretensión indemnizatoria. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En consecuencia, teniendo en cuenta que el decreto 304/2002 resulta ajustado a derecho, la pretensión anulatoria efectuada por la accionante debe ser rechazada."

"Por lo expuesto, se rechaza la pretensión de cobro incoada por la firma Primo S.A."

"En primer lugar, al resultar legítima la rescisión contractual por parte de la Administración, no existe causa jurídica alguna para el reclamo de indemnización de daños y perjuicios. Por lo demás, el propio art. 2 del decreto 4041/1996 literalmente especifica que: 'No habrá lugar a reconocimiento en sede administrativa de indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de la revocación de los contratos por razones de ilegitimidad en las condiciones establecidas en el presente decreto'."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto preopinante de la Dra. Kogan con adhesión de los Dres. Hitters, Negri, Soria y Genoud; acuerdo por mayoría en el rechazo de la demanda.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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