Martínez de Mendoza, Pascuala Aurora c/Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/Demanda contencioso administrativa
La actora reclamó la anulación de resoluciones del Instituto de Previsión Social que negaron la jubilación por invalidez y, subsidiariamente, la jubilación por edad avanzada. La Corte hizo lugar a la demanda, anuló las resoluciones 399.000/97, 418.513/98 y la del 15-VI-2000 y condenó al I.P.S. a otorgar y pagar la jubilación por invalidez desde el 19-IX-1987 con intereses.
¿Quién es el actor?
Pascuala Aurora Martínez de Mendoza, por apoderado.
¿A quién se demanda?
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de las resoluciones 399.000/97 y 418.513/98 y del acto del 15-VI-2000 que denegaron la jubilación por invalidez; subsidiariamente, concesión de jubilación por edad avanzada; pago de la prestación desde la fecha de la petición o desde el cese, con intereses.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, se hizo lugar a la demanda; se anularon las resoluciones impugnadas y se condenó al I.P.S. a acordar y abonar la jubilación por invalidez a la Sra. Martínez de Mendoza desde el día siguiente al cese en los servicios (18-IX-1987), con intereses conforme a ley, y pago dentro de los sesenta días.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Sobre la nulidad de la notificación administrativa y la consecuencia para el cómputo del plazo:
"A la luz de tales premisas, considero que le asiste razón a la accionante en cuanto afirma que la notificación obrante a fs. 286 de las actuaciones administrativas -por no haber sido dirigida al domicilio constituido- no cumple con las formalidades legales impuestas, por lo que no cabe asignarle validez (arts. 63 y 67, dec. ley 7647/1970)."
"En efecto, el escrito al que se refiere la demandada para arribar a tal conclusión, es el pedido de nueva junta médica presentado el día 23-X-1998, en momentos en que el expediente administrativo se encontraba en el Archivo... Dicha pieza... no revela que la interesada estuviera en conocimiento del rechazo del recurso de revocatoria... al menos no con el grado de certeza que el art. 67 del decreto ley 7647/1970 exige."
"En tales condiciones, no corresponde imponer a la actora las consecuencias propias del conocimiento del acto que la agravia, si el organismo previsional no ha respetado las formas impuestas por la Ley de Procedimientos Administrativos para formalizar las notificaciones de sus actos."
Sobre el dies a quo y la admisibilidad temporal:
"siendo ello así, resulta plenamente aplicable la doctrina del Tribunal según la cual: 'En caso de duda acerca del conocimiento por el interesado de la resolución que perjudica su derecho -por mediar una notificación que no satisface los recaudos exigidos por la legislación procedimental aplicable- debe estarse por la inexistencia de la notificación'... En atención a que la señora Martínez de Mendoza se notificó de la resolución definitiva el 20-VII-2000 y presentó la demanda el 4-IX-2000, cabe concluir que la misma ha sido interpuesta en término."
Sobre la cuestión de fondo (requisito de invalidez y valoración conjunta de pruebas y factores complementarios):
"La integración de todos los elementos reunidos me lleva a la convicción de la pérdida de la capacidad de ganancia de la actora... juzgo que la accionante cumple con el requisito de invalidez exigido por la ley para acceder al beneficio jubilatorio..."
"Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar a la demanda, lo que importa: a) anular las resoluciones dictadas por el Instituto de Previsión Social identificadas bajo los números 399.000/97 y 418.513/98, así como la dictada por el Directorio del organismo mencionado el día 15-VI-2000 en cuanto denegaron el beneficio pretendido por la actora; b) condenar al instituto demandado a acordar y a abonar la jubilación por invalidez... desde el 18-IX-1987."
Citas jurisprudenciales y principios aplicados que sustentan la decisión:
"debe estarse por la inexistencia de la notificación" (causa B. 56.450, "Covello"); principio in dubio pro actione; y doctrina de la Corte Suprema sobre ponderación de factores complementarios (edad, precariedad, posibilidad de reinserción) cuando el porcentaje psicofísico es inferior al 66% exigido por la norma.
¿Cómo votaron los jueces?
la sentencia se resolvió por mayoría; los fundamentos coincidentes del voto preopinante (Hitters) fueron acompañados por Negri, Genoud, Soria, Pettigiani y Kogan; hubo coincidencia mayoritaria en hacer lugar a la demanda.
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