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Tribunal Superior

Moyano, Félix Jaime c/Municipalidad de Berazategui s/Demanda contencioso administrativa

El actor promovió demanda contencioso-administrativa por nulidad de cesantía, pago de haberes y daños y perjuicios. La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente: ordenó pago del 100% de haberes del período de suspensión preventiva, 25% de los haberes dejados de percibir desde la separación hasta la reincorporación y $10.000 por daño moral.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-53911
Recurso de revision Cesantia ilegitima Reincorporacion Haberes caidos Dano material Dano moral Presuncion de dano (an debeatur) Cargas probatorias Municipalidad de berazategui Suprema corte (tribunal superior provincial)

¿Quién es el actor?

Félix Jaime Moyano.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Berazategui.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad de la cesantía administrativa, reincorporación, pago de haberes dejados de percibir y reparación por daños materiales y daño moral.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar parcialmente a la pretensión. Se condenó a la Municipalidad de Berazategui a pagar: i) el 100% de los haberes dejados de percibir durante el período en que el reclamante estuvo suspendido preventivamente; ii) el 25% de los haberes no percibidos desde la separación hasta la efectiva reincorporación; iii) la suma de $10.000 por daño moral; más intereses conforme tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires; pago dentro de 60 días. Costas por su orden. (Bloque dispositivo).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la pretensión, condenando a la Municipalidad de Berazategui a abonar en concepto de daño material el 100% de los haberes dejados de percibir durante el período en que el reclamante estuvo suspendido preventivamente en sus tareas y el 25% de los haberes no percibidos desde la separación y hasta la efectiva reincorporación en el cargo, importe al que deberá adicionársele el correspondiente a los intereses que se liquidarán de acuerdo con la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago (arts. 7° y 10° de la ley 23.928, texto según ley 25.561 -coincidente en ambas redacciones en su contenido-; 622, Código Civil y 5°, ley 25.561).

Asimismo se condena a la accionada a pagar al actor en concepto de daño moral la suma de pesos diez mil ($ 10.000).

Esta sentencia deberá ser cumplida dentro del plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.)."

Fundamento sobre presunción de daño material y moral (voto del señor Juez Hitters):

"Al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, ese daño se presume (an debeatur) por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria... En cuanto a la reparación del daño moral, comparto la doctrina afirmada por este Tribunal en punto a la presunción de su existencia y, por ende, a su procedencia... en los casos en que, como en éste, se ha llegado a la conclusión de que un agente estatal ha sido dado de baja ilegítimamente, pues en tales supuestos no cabe duda acerca de que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos. Tal circunstancia, se ha dicho, ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica, daño in re ipsa, y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral."

Fundamento sobre cuantificación del quantum (votos convergentes y disensos relevantes):

Se distinguieron dos períodos: suspensión preventiva (3-XII-1990 a 13-III-1991) y separación efectiva (14-III-1991 al 11-I-2002). Para el primer lapso se reconoció el 100% de haberes en aplicación de normativa local; para el segundo lapso, la mayoría fijó el quantum en un 25% de los haberes dejados de percibir por falta de prueba sobre la magnitud del daño y por aplicar criterios de prudente valoración probatoria (art. 165 C.P.C.C. y reglas sobre cargas probatorias). Hubo votos discordantes que propusieron porcentajes mayores (50% y 70%) o la percepción íntegra de todos los haberes, pero el bloque dispositivo recoge la mayoría.

Respecto del daño moral existieron votos divididos: la mayoría consideró procedente la indemnización y fijó $10.000 por la interconexión de indicios (anulación del acto, inexistencia de nuevo sumario, prolongación temporal, afectación reputacional) mientras que una minoría estimó que no se probó alteración del modo de estar del actor y rechazó la indemnización por daño moral.

(Votos en disidencia parcial fueron consignados en el acuerdo; el bloque dispositivo final expresa la decisión mayoritaria).

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