Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Gaute, María Manuela s/Cobro ejecutivo

¿Quién es el actor?

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

María Manuela Gaute.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro ejecutivo (ejecución) derivado de cuenta corriente bancaria.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el Banco contra la resolución que había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazado la ejecución. La Suprema Corte entendió que la sentencia impugnada contiene la fundamentación exigida por el art. 171 de la Constitución provincial y que el agravio planteado por el Banco —cuestionamiento por aplicación retroactiva de la ley 24.452 y normativa bancaria— constituye un posible error de juzgamiento o cuestión de inaplicabilidad de ley, no de nulidad por falta de motivación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, tiene dicho esa Suprema Corte -en doctrina que considero de estricta aplicación en la especie- que el quebranto de las garantías consagradas en el art. 171 de la Carta local sólo se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica (conf. S.C.B.A.; causas Ac. 84.444, sent. del 25-VI-2003 y Ac. 78.448, sent. del 28-VIII-2002; e.o.)."

"Y si, como en el caso, el pronunciamiento posee base legal, el acierto en la aplicación de las normas actuadas sólo puede ser subsanado por mediación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. S.C.B.A., causas citadas), puesto que el agravio que subyace en el libelo de protesta por el cual se cuestiona la aplicación retroactiva de la normativa de cita y la consecuente violación del art. 3º del Código Civil, constituye un eventual error de juzgamiento propio de este último."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 298, C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

Votaron por la negativa la Dra. Kogan y los Dres. Hitters, Soria, Pettigiani y de Lázzari — decisión unánime (5-0). Se tuvo en cuenta el dictamen del Subprocurador General fechado 9-9-2005.