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Tribunal Superior

Investigaciones Médicas S.A. c/Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s/Demanda contencioso administrativa

La actora reclamó el pago de facturas por prestaciones médico-asistenciales por $370.939,55 correspondientes al período 1995-2000. La Corte rechazó la demanda al considerar que las prestaciones se prestaron fuera de un marco contractual válido tras la rescisión de 1996 y que no existe acto administrativo previo que habilite la exigibilidad del pago.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-64068
Contrato administrativo Legitimidad del gasto I.o.m.a. Rescision de convenio (21-v-1996) Facturas impagas $370.939 55 Exigibilidad del credito Acto administrativo aprobatorio Buena fe contractual Rechazo de la demanda Costas por su orden.

¿Quién es el actor?

Investigaciones Médicas S.A., representada por Horacio I. Beresñak, reclama el cobro de facturas impagas por prestaciones médico-asistenciales.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.), representado por la Fiscalía de Estado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de facturas por un total de $370.939,55 (prestaciones entre 1-IV-1995 y 4-IX-2000), más intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó íntegramente la demanda. Costas por su orden. Se regularon honorarios profesionales conforme se indica en la sentencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En la especie, los recaudos que debieron observarse para el perfeccionamiento de un acuerdo válido no se verifican. Aquí no se trata de deficiencias intrascendentes, carentes de utilidad o subsanables al momento de la conformación de la voluntad estatal, sino que se somete a consideración de esta Corte un supuesto en el que, lisa y llanamente, hay actuación de hecho: no existe contrato.

En consecuencia, no merece acogerse el reclamo fundado en la invocada violación de obligaciones que derivarían de un supuesto contrato público no surgido válidamente al mundo jurídico. La solución contraria conduciría a asimilar a contratos regulares aquellas situaciones nacidas al margen de la legalidad, estimulando, al menos de modo indirecto, la propagación de prácticas que vacían de contenido las normas que regulan la contratación administrativa y la asignación del gasto público."

y

"En virtud de las razones expuestas, juzgo que debe desestimarse íntegramente la demanda.

Voto por la negativa.

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-)."

Observaciones sobre antecedentes administrativos que recibieron tratamiento en la sentencia: el expediente administrativo (expte. 2914-1564-00) contiene resoluciones y dictámenes (res. 676/99 y res. 116/00), informes de la Dirección de Auditoría y Fiscalización y dictámenes de la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General y Fiscalía de Estado que, en el trámite administrativo, llegaron a manifestar la posibilidad del reconocimiento de prestaciones para ciertos períodos (especialmente desde la vigencia de la res. 676/99), pero el tribunal sostuvo que tales pronunciamientos administrativos y la posible inclusión del prestador en anexos no alcanzan a subsanar la ausencia del acto administrativo que justificara la exigibilidad frente al pago por la Administración, ni revisten la condición de contrato público válido que fundamente el cobro reclamado.

¿Cómo votaron los jueces?

no hubo votos en minoría relevantes; la decisión se adoptó por unanimidad de los jueces presentes (Soria, De Lázzari, Hitters y Pettigiani adhirieron).

Leyes que cita

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