González, Jorge Adrián c/Municipalidad de Esteban Echeverría s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Jorge Adrián González, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Esteban Echeverría.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del decreto 670/1989 que dispuso su cese; reincorporación al cargo; pago de salarios caídos con actualización e intereses; reparación por daño moral.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda, se anula el decreto 670/1989, se ordena la reincorporación del actor y, por mayoría, se condena a la Municipalidad a pagar una indemnización equivalente al 35% de los sueldos dejados de percibir desde la separación hasta la efectiva reincorporación, con intereses según pautas indicadas, y a abonar $5.000 por daño moral. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En esas condiciones, cobra operatividad la doctrina que establece que la huelga es un derecho constitucional que no causa la ruptura del contrato de trabajo sino que suspende alguno de sus efectos, cualidad que determina que el empleador se vea compelido, mientras se ejercite legalmente, a mantener indemne la relación -en el caso de empleo público- y por lo tanto no puede obligarse en tal supuesto a los que ejercen tal derecho a que acaten los requerimientos del empleador, a que retornen a sus tareas, que cumplan con la efectiva prestación del contrato" (voto Dr. Hitters).

"Cuando el acto es infundado, malinterpreta, desvirtúa u omite los motivos determinantes comprobados o aducidos, procede, entonces, el control anulatorio de la actuación administrativa enjuiciada" (voto Dr. Soria).

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda deducida, anuliéndose los actos cuestionados y condenándose a la demandada a reincorporar al actor al cargo que ocupaba y, por mayoría, a abonarle en concepto de indemnización una suma equivalente al 35% de los sueldos dejados de percibir desde la separación de su cargo y hasta la fecha de la efectiva reincorporación." (bloque dispositivo).

Si cabe destacar votos en discrepancia sobre cuantificación: la mayoría adoptó la solución del 35% y $5.000 por daño moral; la Jueza Kogan mantuvo postura de la minoría favorable al pago de la totalidad de los haberes devengados.