De Olazábal Cabrera, Jaime c/Municipalidad de Vicente López s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando la anulación de los decretos por los que se dispuso su cesantía y la reincorporación. La Suprema Corte declaró la ilegitimidad de los actos administrativos, anuló los decretos, ordenó la reincorporación y remitió a la autoridad municipal a dictar un nuevo acto fundado; la pretensión indemnizatoria fue postergada hasta decisión en el sumario administrativo.
¿Quién es el actor?
Jaime de Olazábal Cabrera.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Vicente López (Intendente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de los decretos 2206/1989 (cesantía) y 3274/1989 (desestimación de recurso de reconsideración); reincorporación al empleo; pago de salarios caídos con actualización e intereses; subsidiariamente, reducción de la sanción si correspondiera imponer alguna.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda; se anulan los decretos impugnados; se ordenó al Intendente que, dentro de 30 días hábiles administrativos, dicte un nuevo acto administrativo debidamente fundado en el ejercicio de la potestad disciplinaria y, asimismo, se ordenó la reincorporación del actor. Se postergó el tratamiento de la pretensión indemnizatoria hasta la resolución del sumario administrativo. Se aclaró posteriormente (11-4-2007) la omisión material de la parte dispositiva en ese punto y la corrección del apellido del patrocinante (Zacchino).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"6. Lo hasta aquí expuesto me permite concluir en que el acto sancionador cuestionado en el sub lite resulta ilegítimo e irrazonable. En primer lugar por carecer de la debida motivación (arg. art. 108, proemio e inc. 'c', Ord. Gral. 267/1980); y, además, en la medida en que, aparte de tal vicio, revela un exceso de punición que se exhibe desproporcionado en relación a los antecedentes que determinaron su emisión, en función de las normas jurídicas que confieren al órgano la potestad disciplinaria (arg. arts. 28 y 33, Const. nac.; 15, Const, prov., 103, Ord. Gral. 267 cit.; doctr. causa B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003)."
"VI. Las circunstancias comprobadas de la causa, así como la aplicación de los principios y normas antes referidos, conduce a la declaración de ilegitimidad de los actos administrativos cuya anulación se pretende en autos. En atención a lo expuesto, corresponde hacer lugar, parcialmente, a la demanda, acogiendo su pretensión anulatoria, lo que importa anular los decretos emanados del Intendente municipal de Vicente López, a fin de que dicha autoridad ejerza, esta vez dentro del razonable marco de discreción establecido por las normas aplicables, por medio del dictado de un nuevo acto administrativo y, fundadamente, su potestad disciplinaria ... dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente (art. 77 inc. g, Ord. Gral. 267/1980), y, en su caso, en el marco definido por los arts. 63 inc. I, 64 y 85 de la Ord. Gral. 207/1980."
Dispositivo de la sentencia:
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, se anulan los decretos impugnados y se condena al Intendente municipal de Vicente López, a que ejerza, esta vez dentro del razonable marco de discreción establecido por las normas aplicables, por medio del dictado de un nuevo acto administrativo, fundadamente, su potestad disciplinaria ... Además se ordena la reincorporación del actor en el empleo del que fue ilegítimamente privado. Para el cumplimiento de ambas obligaciones se fija un término de treinta días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente (arts. 163 y 215, Const. prov., 77 inc. g, Ord. Gral. 267/1980). Costas por su orden ..."
Adicional (aclaratoria de 11-04-2007):
"se suple la omisión incurrida en la parte resolutoria de la sentencia dictada en la causa con fecha 15-XI-2006, en el sentido de que en cuanto a la pretensión indemnizatoria reclamada, cabe postergar su tratamiento en tanto no recaiga decisión en el sumario administrativo, conforme a cuyo resultado deberá resolverse. Asimismo se aclara ... que el apellido del patrocinante del actor es 'Zacchino'."
¿Cómo votaron los jueces?
El acuerdo muestra coincidencia mayoritaria (votos favorables de Soria, Roncoroni, Negri, Pettigiani, Hitters y de Lázzari). Los fundamentos del voto que abrió el acuerdo (Dr. Soria) integran la base de la decisión; los restantes votos adhieren con precisiones, pero el bloque dispositivo final es el que manda.
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