Di Giácomo y Consalvo S.A. c/Municipalidad de Olavarría. s/Demanda contencioso administrativa. B. 52.472, Di Giácomo y Consalvo S.A. contra Municipalidad de Olavarría. Demanda contencioso administrativa; y B. 52.512, Di Giácomo y Consalvo S.A. contra Municipalidad de Olavarría. Demanda contencioso administrativa
La actora reclamó la nulidad de decretos municipales que aplicaron multas, negaron el reconocimiento del factor gastos generales y aprobaron un balance final con saldo a favor del municipio en la obra Ampliación y Remodelación del Hospital Coronel Olavarría. La Corte hizo lugar parcialmente a la demanda, dejó sin efecto los actos administrativos impugnados y difirió la determinación final de créditos a la ejecución de sentencia con nueva intervención pericial.
¿Quién es el actor?
Di Giácomo y Consalvo S.A., contratista de la obra "Ampliación y Remodelación del Hospital Coronel Olavarría 3ra. Etapa".
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Olavarría.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de los decretos municipales 696/1988, 159/1989 y 269/1989 y de resoluciones municipales relacionadas, por aplicación de multas contractuales, denegatoria del reconocimiento del factor gastos generales en su correcta magnitud, y la aprobación de un balance final que determinó sumas pagadas en exceso; condena al reconocimiento y pago de las sumas adeudadas.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda y se dejan sin efecto los actos administrativos impugnados. Se difiere la determinación final de la existencia de créditos a la etapa de ejecución de sentencia, ordenando nueva intervención del perito para recalcular las variaciones del rubro gastos generales conforme las pautas indicadas por la Corte. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, dejando sin efecto los actos administrativos impugnados."
"Difiérase la determinación final de la existencia de créditos en favor de alguno de los contratantes para la etapa de ejecución de sentencia, debiéndose dar intervención nuevamente al experto designado en autos, el que deberá calcular dichos conceptos de acuerdo a las pautas indicadas."
"Los valores serán actualizados de acuerdo al criterio del Tribunal aplicando el promedio de los índices al consumidor y de la construcción publicados por el I.N.D.E.C. hasta el 31-III-1991 y deberá sumarse un interés al 6% anual hasta dicha fecha. A partir del 1-IV-1991 el interés se liquidará exclusivamente sobre el capital reajustado (art. 623, C.C.) de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación."
Fundamento de mérito (síntesis sin modificar términos del fallo): la Corte consideró que las controversias versan sobre la aplicación del coeficiente de gastos generales en las fórmulas polinómicas y sobre la legitimidad de las multas aplicadas; sostuvo la procedencia de acumular causas por conexidad; rechazó los obstáculos formales (solve et repete) por tratarse de multas contractuales; valoró que las modificaciones instrumentadas por decretos municipales habían sido consentidas en parte por la actora pero que la correcta determinación cuantitativa exige pericia técnica que deberá completarse en ejecución de sentencia; y concluyó que, según el peritaje y la comprobación del cumplimiento del plan de trabajo, las sanciones por atraso resultan ilegítimas en las condiciones probadas. (La decisión de fondo mayoritaria se apoya en los fundamentos del voto del Dr. Negri, con adhesión de los Dres. Soria, de Lázzari y Pettigiani.)
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