De Luca, José Roberto c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/Demanda de nulidad del art. 26 de la ley 4373 y sus acumuladas B. 50.046 y B. 50.047
Demandaron la nulidad de decisiones del Tribunal de Cuentas y la inconstitucionalidad del art. 243 de la Ley Orgánica Municipal por aplicación de multas y desaprobación de gasto. La Corte, por mayoría, rechazó la demanda de De Luca y la del contador Boragina, y hizo lugar parcialmente a las demandas de Cataldo y Rolandelli por aplicación retroactiva del dec. ley 10.100, ordenando que se adecúe la sanción al texto vigente al momento de la rendición de cuentas (ejercicio 1981).
¿Quién es el actor?
José Roberto De Luca; Omar Antonio Cataldo; Oscar Alfredo Boragina; Oscar Juan Rolandelli.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, representada por el Tribunal de Cuentas (actuaciones del Tribunal de Cuentas de Ensenada, rendición de cuentas ejercicio 1981).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
nulidad del fallo del Tribunal de Cuentas (exp. E 1990/82) por aplicación de multas y desaprobación de gasto; declaración de inconstitucionalidad del art. 243 de la Ley Orgánica Municipal; impugnación de desaprobación de gasto (Boragina) y alegada aplicación retroactiva del dec. ley 10.100.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se rechazó la demanda de De Luca; por mayoría se rechazó la demanda de Boragina (relativa al art. 5º del fallo impugnado en la segunda cuestión); por mayoría se hizo lugar parcialmente a las demandas de Cataldo y Rolandelli ordenando la devolución de autos al Tribunal de Cuentas para que adecue la sanción impuesta a los términos del art. 243 de la Ley Orgánica Municipal en la redacción vigente al momento de la presentación de la rendición de cuentas (ejercicio 1981). Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"I.1. De autos consta que el cargo formulado por el Tribunal de Cuentas, y sobre el que se agravia el demandante, es consecuencia del pago realizado por el Municipio de Ensenada a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por la contratación de un seguro de fidelidad que diera cobertura a los agentes responsables en el manejo de fondos, conforme los términos del art. 218 del dec. ley 6769/58. La resolución del Tribunal de Cuentas desaprobó el gasto por considerar que la obligación recaía en los propios responsables (ver res. esp. consid. 5, parte dispositiva, art. 4). ... En consecuencia, en tanto la ley no manda al empleado pagar de su peculio el seguro de fidelidad; ni ella le dicta al Intendente la prohibición de contratar dicho seguro, el gasto fiscal correspondiente se manifiesta procedente (Const. prov., art. 19)."
"La circunstancia de que, por el fallo del Tribunal de Cuentas del 8-XI-84 -que se refiere al ejercicio 1981- se aplicara el nuevo art. 243, configura, sin duda alguna, la aplicación retroactiva de esa ley. Tal aplicación retroactiva no se halla establecida en el dec. ley 10.100 y, en tanto no se trata, en la especie, de la aplicación de una norma a los efectos en curso de la relación nacida bajo el imperio de la ley antigua (supuesto éste en que no se vulneraría la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional), juzgo que tal agravio debe ser acogido por el Tribunal."
Bloque dispositivo final (resolución mayoritaria): "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta por el señor De Luca, conforme se expone en el ap. III, punto 1, de la tercera cuestión planteada, como también, por mayoría, la deducida por el Contador Boragina, tal como surge de la segunda cuestión planteada. Asimismo, también por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda en relación a los coactores Cataldo, y Rolandelli, devolviendo los autos al Tribunal de Cuentas a fin de que adecue la sanción impuesta a estos últimos a los términos del art. 243 de la Ley Orgánica Municipal, texto vigente al momento de la presentación de la rendición de cuentas de la Municipalidad de Ensenada. Ejercicio 1981."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que integró la mayoría estuvo encabezado por el señor Juez Negri (adherido por Pisano, Laborde, Salas, San Martín y Pettigiani en los puntos indicados) y determinó la decisión final; concurrencias y disidencias parciales se consignan en los votos individuales (Ghione y Hitters formularon adhesiones y matizaciones). La decisión concreta del Tribunal corresponde al bloque dispositivo final.
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