Banco de La Pampa c/Ravelli, Néstor Amadeo s/Cobro ejecutivo

¿Quién es el actor?

Luis Alberto Blanco promovió la ejecución de honorarios.

¿A quién se demanda?

Banco de La Pampa es el ejecutado que opuso excepciones (inhabilidad de título, litispendencia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución judicial de honorarios derivados de un convenio por atención de asuntos judiciales celebrado entre Blanco y el Banco (convenio del 19-5-1993 que preveía que el profesional no percibiría honorarios salvo el sueldo).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Banco de La Pampa, revocó la sentencia impugnada, declaró procedente la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución promovida por Luis Alberto Blanco, con costas. Se ordenó la restitución del depósito previo al interesado. (Sent. 27-12-2006).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada, se declara procedente la excepción de inhabilidad de título opuesta por el Banco de La Pampa, rechazándose, consecuentemente, la ejecución promovida por Luis Alberto Blanco, con costas (arts. 68, 556 y 289, C.P.C.C.)."

"La posibilidad de que la remuneración se efectuara mediante regulación judicial y que el obligado a su pago fuera el Banco contratante nace a partir del momento en que es rechazada la inscripción del instrumento que vinculó a las partes por parte del Colegio departamental, de acuerdo a lo estipulado en la última parte del art. 18 del dec. ley 8904/1977."

"Lo cierto es que al momento en que la inscripción del convenio fue rechazada por extemporánea y por no ajustarse a las disposiciones del dec. ley 8904, ya estaba vigente la ley 24.432 que modificó los términos de la legislación fondal proyectando, por imperio del art. 31 de la Constitución nacional, sus efectos sobre la normativa local."

"El art. 1627 (texto ley 24.432) establece: '... Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales...'... Por ello no resulta de aplicación la doctrina de esta Corte, anterior a la ley 24.432, en cuanto establece que para que produzca sus efectos el convenio de honorarios debe contar con la aprobación del Colegio de Abogados departamental..."

"En orden a la conducta asumida por el profesional, debe destacarse que como una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe resultan inadmisibles las alegaciones que importan ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces..."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto de mayoría (de Lázzari, Hitters, Genoud, Kogan, Pettigiani, Roncoroni, Soria) sostuvo la aplicabilidad práctica de la ley 24.432 y la imposibilidad de que el profesional obtenga ahora lo pactado tras conducta incongruente y la denegatoria colegial; el voto en disidencia (Negri) propuso rechazar el recurso por inconstitucionalidad del último párrafo del art. 1627 C.C., entendiendo que invade potestades provinciales. La decisión final siguió la mayoría que resolvió por la afirmativa y revocó la ejecución.