Lemos, Pascual Ignacio y ots. c/González, Luis María y ot. s/Daños y perjuicios
Reclamo por daños y perjuicios contra un policía y el Estado por prisión preventiva y supuesta responsabilidad del Estado. La Suprema Corte confirmó el rechazo del reclamo: sostuvo inexistencia de nexo causal entre actos penales calificados como lícitos (prisión preventiva integrada al proceso) y la responsabilidad estatal invocada, y consideró insuficiente el agravio de inaplicabilidad.
¿Quién es el actor?
Pascual Ignacio Lemos e Irma Zulema Ravichoni por sí y en representación de la menor Zulema Silvana Lemos.
¿A quién se demanda?
Luis María González (oficial de la Policía) y el Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios derivados de la privación de la libertad (prisión preventiva) impuesta en un proceso penal anterior y la imputada actividad estatal; reparación con fundamento en arts. 1112 y 1113 del Código Civil.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, por ende, se confirmó la decisión de la Cámara que había rechazado la demanda de daños y perjuicios. Con costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El fundamento de la sentencia, que hizo mayoría, residió en que 'cuando el proceso se determina 'legítimo' y como tal, con garantía integral de defensa en juicio, la responsabilidad por error judicial debe limitarse al 'condenado erróneamente' y así resuelto mediante la correspondiente sentencia dictada al recurso de 'revisión' de la anterior'."
"Sin ese nexo causal, no se establece la responsabilidad civil de las personas, en este caso del Estado de la Provincia de Buenos Aires, ni sus agentes demandados en autos: no hay causa obligacional (art. 499 del Código Civil). En el caso, el desempeño judicial, a través de los 'varios' funcionarios a que se refiere la demanda de fs. 5/19 en la forma expuesta por el proceso penal analizado, acredita... para estos autos, en 'actuar' legítimo exento de arbitrariedad. Esto es: razonablemente ejercido en una extensión de tiempo de privación de la libertad (14 meses) dada la índole y gravedad de los delitos investigados. Comprendido, en consecuencia, dentro de límites procesales aceptados por la legislación vigente para obtener, la persona detenida en su libertad por ser imputada de un delito no excarcelable (art. 180 del C.P.P.), sentencia en el juicio respectivo..." (v. fs. 241 vta.).
"De manera que la firmeza aludida se originó en la propia actividad de quien la cuestionara; sin que los argumentos traídos hoy en detrimento de la decisión acerca de la imposibilidad de modificar el procedimiento cumplido en sede penal revista entidad suficiente para lograr demostrar el absurdo alegado, en tanto no pasa de ser una mera opinión personal del agraviado. Tampoco quedó desvirtuado -a mi juicio- el fundamento referido a que 'ningún error fue allí (en el fuero penal) juzgado por sentencia' (v. fs. 240 vta.) pues nada se dice -ni se demuestra- acerca de haberse promovido actuación alguna con el fin de lograr una decisión que determinara la existencia de un 'error judicial' al dictarse la prisión preventiva que permitiera lograr la nulidad de lo actuado en sede penal y así conectar dicha actividad con el 'daño' fundado en el art. 1112 del Código Civil que se alega haber padecido y que daría lugar al resarcimiento en sede civil."
"En suma: el fundamento esencial del fallo que finca en la decisión sobre la inexistencia del nexo causal entre la privación de la libertad del actor en autos y el daño que dice haber sufrido no ha logrado ser desvirtuado por la queja traída (art. 279, C.P.C.)."
Observación sobre votos: el acuerdo fue por mayoría (votaron Negri, Hitters, Pisano, Laborde y Pettigiani) y rechazó el recurso; no se identifican votos concurrentes en minoría que alteren la decisión final.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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