Mazza de Amicone, Filomena c/Asociación de Bomberos Voluntarios del Partido de Morón y otros s/Daños y perjuicios

¿Quién es el actor?

Mazza de Amicone, Filomena.

¿A quién se demanda?

Asociación de Bomberos Voluntarios del Partido de Morón; Mirenna, Diez y Villa S.A.; y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de daños y perjuicios por fallecimiento; en aras del recurso extraordinario de inaplicabilidad se discute la modalidad de regulación de honorarios profesionales: si deben tomarse sobre el monto de la transacción celebrada entre actora y uno de los codemandados (art. 25, dec. ley 8904) o conforme al art. 23 del dec. ley 8904 por haberse rechazado la demanda contra la Asociación.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Asociación de Bomberos Voluntarios del Partido de Morón. El Tribunal confirmó la aplicación del art. 23 del dec. ley 8904 para la regulación de los honorarios del letrado de la Asociación, al entenderse que la transacción celebrada con otro codemandado no resulta oponible a los profesionales que no participaron del acuerdo cuando existe litisconsorcio facultativo y la demanda respecto de ese codemandado fue rechazada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Relación de hechos y decisión de la Cámara:

"La Cámara, con relación a los honorarios profesionales por la actuación en autos del letrado apoderado de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Morón, decidió que, habiendo sido rechazada íntegramente la demanda en ambas instancias, resultaba aplicable la normativa contenida en el art. 23 del dec. ley 8904."

2) Voto del Dr. Negri (minoría en la segunda cuestión) — principio de relatividad y efecto de la transacción:

"Si bien es cierto que en la causa Ac. 41.036 (sent. del 20-VIII-91), ... esta Corte por mayoría, con mi voto disidente, decidió que correspondía considerar el monto de la transacción para regular los honorarios aun de los letrados que asistieron a una de las partes, pero que habían resultado ajenos a tal acuerdo, no lo es menos que tal doctrina no resulta aplicable al caso de autos por no concordar las circunstancias que la sustentan. ... Es un supuesto, entonces, de acumulación subjetiva de acciones, existiendo entre las partes un litisconsorcio facultativo pasivo. Siendo ello así, los actos de cada uno de los litisconsortes resultan independientes en sus efectos con los restantes (doct. causa Ac. 42.540, sent. del 31-X-90...). En consecuencia, no ha infringido el tribunal a quo la doctrina legal en que se apoya el recurrente (art. 279, C.P.C.) ni normas jurídicas en que aquélla se asienta. Aún en caso de que se considerara que las situaciones son análogas, igual considero que el recurso no puede prosperar porque, como lo sostuve en aquella causa, el art. 25 del dec. ley 8904 ... debe interpretarse sin violentar las normas de fondo que regulan tal instituto: en el caso el art. 851 del Código Civil. Dispone este artículo que la transacción hecha por uno de los interesados ni perjudica ni aprovecha a terceros ni a los demás interesados, aún cuando las obligaciones sean indivisibles."

3) Voto del Dr. San Martín (mayoría) — efectos indirectos y oponibilidad de la transacción:

"De lo expuesto surge que el acuerdo de voluntades instrumentado a fs. 428/429 establece una relación jurídica sólo entre quienes transigieron y sólo entre ellos se extinguió o se modificó la relación jurídica preexistente. Sólo entre ellos produce la transacción efectos directos. Pero los efectos indirectos de dicha transacción se producen con todos los terceros, a quienes es oponible y por quienes resulta invocable. Concluido el proceso (art. 308, C.P.C.) no queda alternativa posible: la regulación de honorarios de los profesionales de la parte demandada debe efectuarse como lo dispone el art. 25 de la ley 8904, sobre el monto total de la transacción. Quiere decir entonces que la demanda contra quien resultó condenada significa económicamente, patrimonialmente, el valor fijado por la transacción como resarcitorio del daño. Es así, sin ninguna modificación posible, porque extingue la obligación preexistente y existe sólo lo que aparece luego de la transacción, en virtud de los efectos vinculatorios y extintivos de este instituto."

4) Voto del Dr. Hitters (minoría en la segunda cuestión) — primacía de la relatividad contractual y consideración del abogado como tercero:

"Desde el plano del derecho sustancial parece sobreabundante puntualizar que la transacción solamente refracta los efectos hacia las partes (arts. 851, 1195 y 1196 del Cód. Civil...). Poniendo en juego las normas que rigen las convenciones ... es obvio destacar que idéntico razonamiento es factible desplegar en el campo contractual ... Lo mismo puede decirse desde la perspectiva del derecho procesal, pues no existe duda que la transacción es una de las maneras de concluir con la litis... una cosa es lo que tiene que ver con las 'partes' y otra muy distinta lo atinente a los 'terceros' -como a estos fines son los profesionales intervinientes- quienes a los efectos regulatorios deben considerarse terceros, con independencia de su cliente, y por ende con plena autonomía... El letrado que actúa en un juicio, desde el momento de su intervención, adquiere el derecho para que se le determinen sus honorarios en base al monto impetrado en la demanda o, en su caso, el que resulte de la sentencia... Si las partes, fijan convencionalmente su valor, tal transacción no le es oponible a los profesionales actuantes. Voto por la negativa."

5) Dispositivo final (mayoría):

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.). El depósito previo efectuado queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.)..."