Industrias Mancini S.A.C.I.A. c/Municipalidad de Junín s/Incumplimiento de contrato y daños y perjucios
La actora demandó a la Municipalidad de Junín por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios y la Cámara declaró inconstitucionales los arts. 7, 9 y 12 de la ley 11.192 al estimar irrazonable el plazo de pago. La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, declaró que la ley provincial 11.192 no es inconstitucional y casó la sentencia que había declarado su inconstitucionalidad.
¿Quién es el actor?
Industrias Mancini S.A.C.I.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Junín
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incumplimiento de contrato y daños y perjuicios; ejecución de sentencia que reconoció un crédito contra la Municipalidad.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad de Junín y se casó la sentencia de la Cámara en la parte que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 11.192, manteniéndose, en ese aspecto, la decisión de primera instancia. Con costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "Debo concluir, entonces en que la ley provincial 11.192 no es inconstitucional.
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, casando la sentencia en examen en tanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 11.192, manteniéndose, en este aspecto, la dictada en primera instancia (art. 289, C.P.C.)."
2) "Por lo demás, cabe recordar que la ley 11.192 es de orden público, no sólo porque así lo dispone su art. 20 sino por la naturaleza de los intereses generales que se protegen, intereses que -como su nombre lo indica- están por encima de los particulares."
3) Exposición doctrinal y jurisprudencial sobre la "doctrina de la emergencia económica" que justifica leyes de moratoria cuando concurren requisitos como: existencia de emergencia, finalidad de interés general, razonabilidad del alivio y transitoriedad; entre otros pasajes: "La 'transitoriedad de la regulación excepcional' ... ha constituido preocupación esencial del Superior Tribunal de la Nación..." y referencias a Fallos y doctrina.
¿Cómo votaron los jueces?
"pretender que un crédito reconocido en sentencia firme del año 1987, se pague en el plazo de 16 o 20 años a partir del año 1992 significa desconocer el derecho de propiedad del acreedor". (Juez Negri, quien votó por el rechazo del recurso).
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