González, Nahuel Ezequiel c/Galeno ART S.A. s/enfermedad/accidente de trabajo
El actor demandó a Galeno ART S.A. por prestaciones dinerarias derivadas de un accidente de trabajo ocurrido el 06/08/2019. La Sala II del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, declaró inaplicables por inconstitucionales los arts. 21, 22 y 46 de la LRT y condenó a la aseguradora a pagar $778.853,87 más intereses.
¿Quién es el actor?
Sr. Nahuel Ezequiel González (DNI 39.427.528).
¿A quién se demanda?
Galeno ART S.A. (aseguradora de riesgos del trabajo).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo por accidente laboral del 06/08/2019 que le ocasionó fractura de tobillo y peroné izquierdo, con secuelas de incapacidad parcial y permanente; se impugna además la exigencia de trámite administrativo previo ante Comisiones Médicas (inconstitucionalidad de normas de la LRT).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda y se condenó a Galeno ART S.A. a abonar $778.853,87 al actor, con imposición de costas a la demandada y regulación de honorarios (Dres. Magliano Meyer $155.771; C. H. Singh $124.617; C. R. Gaspar $10.904; Ing. J. E. Rivera $3.271). Se declaró inaplicables en autos los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo por su incompatibilidad con garantías constitucionales. La sentencia fue unánime (votos de Montes, Herrera y Masacessi).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos más relevantes (texto original):
"II.- Así planteado el caso, y siguiendo los reiterados pronunciamientos de esta Sala, diré que no era necesario agotar la vía administrativa ya que dicha imposición implicaría negar al trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; derechos fundamentales en un estado democrático y republicano y efectivamente garantizados por los arts. 16, 75 inciso 22 C.N.; arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica; por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, convenciones todas de jerarquía supra-constitucional.
El imponer trámites administrativos previos para acceder a prestaciones vitales como lo son las previstas en la LRT contraría, además, derechos humanos fundamentales como lo son el acceso a la salud, a la calidad de vida, derechos que involucran la vida digna, el derecho prioritario en un sistema legal como el nuestro (artículo 75, inciso 22 Constitución Nacional).
Desde esa óptica las normas de procedimiento que prevé la LRT y que fueron tachadas de inconstitucionales por el actor resultan objetables. Entonces, siguiendo la postura de la CSJN en “Castillo, Angel S. c. Cerámica Alberdi S.A.” 07/09/2004; Fallos 327:3610; Cita online: AR/JUR/2065/2004) y las que resultan de la sentencia de esta Sala del 27/2/2014 en Expte. Nº C-7314/13, caratulado: “Villarroel, Simón Alberto c/Berkley International ART S.A. y otros s/riesgo de trabajo”, confirmado por el Superior Tribunal de Justicia en L.A.58, Nº309, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 16, 18 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica -en tanto establece como garantía judicial mínima la de ser juzgado por los jueces naturales-propicio hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y en consecuencia declarar que resultan inaplicables en autos."
"V.- Entonces, siendo que se ha comprobado que el actor presenta un grado de incapacidad laboral parcial y permanente producto del accidente de trabajo referido y que se ha demandado a fin de lograr el cobro de las prestaciones dinerarias previstas por la LRT, entiendo corresponde hacer lugar a la demanda, condenando a la demandada a indemnizar el daño y en cuanto a la cuantía de la indemnización, la misma se fijará de acuerdo a las disposiciones de los arts. 14.2.a) LRT y art. 3 Ley 26773, y la planilla presentada por el Departamento Contable del Poder Judicial según pautas dadas por la suscripta a) que el actor presenta una incapacidad del 19,80%; b) que habiendo ocurrido el accidente el 06/08/2019 el cálculo del ingreso base se debe efectuar en base a los recibos de haberes que obran a fojas 5/8; 10 a 16; 18 y 20 a 22 de autos; c) que para establecer el coeficiente de edad se tendría en cuenta que a la fecha del siniestro el actor tenía 23 años.
Y siendo que de acuerdo a dichas pautas en el día de la fecha el Departamento Contable efectuó la planilla según las pautas referidas según indicaciones de la suscripta (fojas 176 de autos), propongo que se fije la indemnización en $778.853,87, tal cual allí se informa.
Suma que a partir de hoy y hasta su efectivo pago seguirá devengando intereses a calcularse según tasa activa que cobra el Banco Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Montes (voto de Presidencia), Hugo C. Moisés Herrera y Domingo A. Masacessi coincidieron y la resolución final reproduce el voto de la Presidencia. El bloque dispositivo final dice: "RESUELVE: I.- Hacer lugar a la demanda..." (texto completo del dispositivo transcrito en el fallo).
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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