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Cámara de Apelaciones

Acción Emergente de la Ley del Consumidor: Cardozo, Joel Iván c/ Castillo SACIFIA

El actor promovió acción emergente de la Ley de Defensa del Consumidor contra Castillo SACIFIA por un televisor defectuoso y pidió reemplazo, resolución del contrato y daños. La Cámara hizo lugar a la acción, condenó a entregar un producto similar en 10 días y fijó daño punitivo de $80.000, rechazando el daño moral y aplicando astreintes diarias de $1.000.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II (JUJUY)
Fuero
Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
c-111404/2018
Ley de defensa del consumidor Televisor defectuoso Reemplazo Dano punitivo $80.000 Dano moral rechazado Astreintes $1.000/dia Inversion de la carga probatoria In dubio pro consumidor Costas Honorarios.

¿Quién es el actor?

Joel Iván Cardozo, representado por el Dr. Gustavo J. Jung.

¿A quién se demanda?

Castillo S.A.C.I.E.I. (también nombrada “Castillo SACIFIA”).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reemplazo del televisor Samsung Smart UHD 4K Curvo 55” adquirido el 6/3/2018 por $34.188; en subsidio resolución del contrato y/o reparación; indemnizaciones por daño moral y punitivo; costas y publicación de la sentencia.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acción emergente de la Ley del Consumidor; se condenó a la demandada a entregar en 10 días un producto de similares características o, bajo apercibimiento, el pago del valor actual del electrodoméstico, más $80.000 por daño punitivo y astreintes diarias de $1.000; se rechazó el daño moral; se impusieron costas a la demandada y se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien ambas partes desistieron de la pericial, debemos estar a los términos del Art. 53, párrafo 3° LDC, que dispone, 'los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio; ello, en la medida en que implica la aplicación directa de la inversión de la carga probatoria, enlazado al deber de buena fe.'

Dicho esto, entendemos que el proveedor debía al menos probar con la documentación correspondiente que el producto se encontraba en buenas condiciones al momento de ser entregado o acompañar prueba que demuestre que se encuentra eximido de responsabilidad.

De tal manera, el actor se encuentra amparado por el principio 'in dubio pro consumidor', el que prevee que ante la ausencia o duda en la apreciación de los hechos, el derecho y las pruebas, debe formularse la que más lo beneficie."

"a) Daño Moral: reiteradamente hemos dicho que para que sea resarcible y dar lugar por ende, a una pretensión de reparación, el mismo debe ser consistente, ello significa que meras amarguras o sin sabores no lo constituirán. ... En el caso particular el actor no lo justifica, por lo que lo desestimamos.

b) Daño Punitivo: la admisión de una pena privada está estrechamente vinculada con la idea de prevención de ciertos daños mediante una sanción ejemplar y al desmantelamiento de los efectos de los actos ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la indemnización resarcitoria de los perjuicios causados ... Consideramos que por la conducta desplegada este rubro se debe fijar en la suma de $80.000, teniendo en cuenta la mala atención, la falta de diligencia debida, dilación innecesaria en el trámite y falta de información..."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. María Del Huerto Sapag sostuvo los fundamentos de la resolución; los Dres. Enrique Mateo y Jorge Alsina adhirieron a la ponente. El dispositivo final es el acordado por la Sala Segunda.

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