Daños y Perjuicios: Galli, Normando Alberto C/ Rodríguez, Carlos A. (VI cuerpos)

¿Quién es el actor?

Normando Alberto Galli, por apoderado Dr. Rubén A. González.

¿A quién se demanda?

Carlos Alberto Rodríguez, por apoderado Dr. Dago A. J. Pubzolu.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por presunta estafa/administración dolosa de cuentas y registros contables de la sociedad Pramax SRL (períodos 2008‑2011), diferencias por consumos de telefonía móvil, y daño moral. Además reconvención por daño moral del demandado.

¿Qué se resolvió?

Rechazo total de la demanda y rechazo de la reconvención; costas a los vencidos; regulación de honorarios; devolución a la fiscalía de actuaciones penales y documental.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De ello se sigue, a modo de conclusión, que la instrumental acompañada, por sus múltiples defectos, no alcanza la cualidad de 'libros de comercio' ni la validez o eficacia probatoria que se pretende, por todos los abundantes motivos que he apuntado, y determina el rechazo de la demanda."

"En verdad, de su lectura no surge nada relevante para la causa. Un poco por la falta de sistematización, pero substancialmente, porque aun brindando un orden de interpretación no resulta eficaz para probar los acuerdos de las partes sobre el reparto del gasto, ni que pagó cada uno, cuantas líneas pertenecían o eran usadas en la empresa Pramax para su giro comercial, y cuantas y cuales eran las líneas familiares."

"No se verifica en el caso, el daño económico concreto al patrimonio del actor, como se encontraba propuesto, y tampoco su vinculación con un accionar reprochable de la parte demandada. Era a cargo de la parte actora la prueba de su desmedro injusto, lo que no hizo."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Elba R. Cabezas expuso el voto fundamento; los Dres. José Alejandro López Iriarte y Juan Pablo Calderón adhieren y comparten las conclusiones. El bloque dispositivo final acuerda el rechazo de demanda y reconvención, con costas al vencido; se regulan honorarios y se ordena la devolución de actuaciones penales.