RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº C-078.457/2016 (Tribunal del Trabajo Sala III - Vocalía 7) “ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: BIANCO RODOLFO ANTONIO C/ CIEL S.A. Y ASOCIART S.A

¿Quién es el actor?

Dr. Alfonso Andrés Zamar en representación de ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (recurrente).

¿A quién se demanda?

Sr. Rodolfo Antonio Bianco (actor en la causa originaria) y codemandada CIEL S.A. (empleadora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la sentencia que condenó a la aseguradora a pagar una indemnización en un solo pago por incapacidad parcial, permanente y definitiva derivada de enfermedad laboral; el recurrente cuestiona, entre otros puntos, la determinación del nexo, el porcentaje de incapacidad, el cómputo de la prescripción y el cálculo del adicional de pago único (APU).

¿Qué se resolvió?

La Sala Laboral de la Suprema Corte admitió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la aseguradora únicamente respecto del adicional de pago único, devolviendo las actuaciones al tribunal de grado para que recalcule el monto conforme a las pautas indicadas; dejó sin efecto la regulación de honorarios de la instancia de grado, impuso costas por el orden causado y difirió regulación de honorarios de esta instancia recursiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Sí, le asiste razón al recurrente respecto al agravio relacionado con el adicional de pago único, ya que el a-quo tomó como base el art. 3 de la Resolución Nº 3/2014, cuando debió tomar la del art. 1, por lo que también deberá ser recalculado."

"En cuanto al agravio referido a la prescripción de la acción, el a-quo realizó un pormenorizado análisis de la situación fáctica conforme las constancias de autos, concluyendo que la fecha de la primera manifestación invalidante era marzo de 2014.

Cabe aclarar al respecto que la primera manifestación invalidante y el dies a-quo para el cómputo del plazo de prescripción son dos momentos distintos con efectos, a su vez, diferentes.

En el caso, la primera manifestación invalidante se produce en marzo de 2014, cuando el actor toma conocimiento de que padece un síndrome depresivo de base con manifestaciones clínicas evidentes a partir de su situación laboral. Pero para aquella fecha el demandante no sabía que se encontraba incapacitado de manera permanente y definitiva, por lo que algunas prestaciones de la ley no eran aún exigibles. El conocimiento de la incapacidad del actor se concreta con el informe médico de fecha 02 de marzo de 2015 (fs. 270/271), comunicado a la empleadora por telegrama ley de fecha 25 de marzo de 2015 (fs. 114).

Como se dijo, estos dos momentos generan diferentes efectos de cara al sistema de riesgo de trabajo, toda vez que la primera manifestación invalidante marca el punto de partida para exigir (por ejemplo) las prestaciones por incapacidad laboral temporaria (ILT), mientras que con el efectivo conocimiento de la definitividad de la incapacidad inicia el término para exigir el pago de la indemnización correspondiente y, junto con él, el plazo de prescripción.

El art. 44 de la LRT en su inciso 1º dispone que “Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral” y el conocimiento de que la incapacidad es permanente y definitiva a esos fines resulta dirimente.

Conforme lo expresado, la fecha de la primera manifestación invalidante, en el presente caso, carece de incidencia para el cómputo del plazo de prescripción. El agravio del recurrente sobre el punto debe ser por ello desestimado."

¿Cómo votaron los jueces?

"A los fines de determinar el inicio del plazo de prescripción para reclamar el pago de las indemnizaciones por incapacidad debe establecerse cuál es la fecha en la que el trabajador toma conocimiento que su incapacidad es de carácter permanente.

... En este caso, tal como lo resolvió el tribunal de origen, recién en fecha 25/3/2015 se puede establecer que el trabajador tuvo conocimiento de que su incapacidad era permanente.

En cuanto a la fecha que debe tomarse para calcular el monto indemnizatorio también debe estarse a la anterior dado que recién cuando se determina que la incapacidad del trabajador es permanente nace su derecho a percibir las indemnizaciones por tal concepto.

Es cierto que en muchos casos los trabajadores transitan un período anterior en los que se manifiesta la enfermedad, sin embargo no es la fecha de inicio de ese período la que debe tomarse para establecer el monto de la indemnización por incapacidad permanente –como se hizo en la sentencia recurrida- dado que en la LRT no se indemnizan enfermedades (las que incluso pueden ser inculpables) ni incapacidades transitorias, sino incapacidades permanentes derivadas de infortunios ocurridos o que se relacionen con el trabajo (en este caso enfermedad laboral)."